Siete Días

Aló, Aponte Aponte
Aponte Aponte fue inclemente con los llamados presos políticos de abril de 2002
07:10 am 29-Abr de 2012|Edgar López
El ex magistrado del TSJ, destituido por sus supuestos vínculos con Walid Makled, pasó de ser un adolescente subversivo a un militar que no sobresalió por sus méritos. Gracias a los favores que hizo al Gobierno logró controlar los tribunales penales del país. Confesó que recibía llamadas del Presidente para manipular casos y ahora, bajo la protección de la DEA , se ha convertido en un delator

Eladio Aponte Aponte se crió en una casa de tierra pisada en el barrio El Pajal, uno de los más pobres en el sur de Valencia, muy distinta a la lujosa quinta que compró en la urbanización Arboleda de Maracay y que hace una semana fue allanada por el Sebin en busca de pruebas que lo incriminen como cómplice del supuesto narcotraficante Walid Makled.

En los liceos públicos Pedro Gual y Martín J. Sanabria de Valencia, Aponte era conocido como “el flaco” y lideraba los disturbios estudiantiles, con las prácticas foquistas que había aprendido como militante de la juventud del MIR en la década de los sesenta. Pero años más tarde se pacificó.

Con el apoyo de un general cercano a Copei se alistó en la Escuela de Formación de Oficiales de la Fuerza Armada de Cooperación ­hoy Guardia Nacional­, donde se graduó como subteniente. Fue el primer viraje en sus convicciones políticas. Y se alejó aún más de la izquierda cuando ingresó en la Universidad de Carabobo, donde obtuvo el título de abogado.

Varios tropiezos y pocos éxitos en su carrera militar le hicieron pensar en el retiro cuando era teniente coronel.

Por su trayectoria poco rutilante en el mundo de las leyes nadie podía imaginar que llegaría al cargo de fiscal general militar y, menos aún, al de presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

Pero las mayores sorpresas que ha dado el que era considerado hombre fuerte del Poder Judicial y actuaba como verdugo implacable de los presos políticos son los detalles de las miserias de la justicia venezolana. Reapareció con ropa desarreglada, risas nerviosas y, en general, la incomodidad del que se siente descubierto y obligado a confesar sus maldades. Se asumió como un reo convicto y confeso del uso de la justicia penal al servicio del gobierno de Hugo Chávez durante la mayor parte de sus 15 años de carrera judicial.

En sus relaciones peligrosas con diversas instancias del poder ha sabido cuidarse las espaldas. Una semana después de que el ex gobernador de Apure Jesús Aguilarte Gámez fue víctima de un sicariato, salió del país y el 2 de abril llegó a Costa Rica. Desde allí aseguró que el presidente Chávez imparte órdenes para manipular expedientes y sentencias. Sólo bajo la protección de la DEA y el FBI, a los 63 años de edad y sin mucho qué perder, se atrevería a convertirse en un delator.

En privado, ante sus colegas del TSJ y algunos reporteros judiciales, se ufanaba de ser un verdadero comunista desde mucho antes de que el presidente Hugo Chávez apareciera en la escena política.

Alberto Franceschi, que lo conoció cuando ambos eran estudiantes de bachillerato, lo recuerda como un tirapiedras y quemacarros del liceo Pedro Gual, que caía preso dos o tres veces por mes.

“Llegó al liceo Martín J. Sanabria, donde siguió siendo un agitador. El director negó su inscripción en quinto año y se formó un lío. El flaco Aponte se encadenó e hizo una huelga de hambre. Finalmente terminó el bachillerato en el liceo privado Nueva Valencia.

Le dieron una beca, porque él venía de un hogar muy humilde”,
agrega un compañero de estudios y de actividad política que prefiere reservar su identidad.

Los padres del ex magistrado eran primos, de allí la repetición del apellido. Eladio Aponte padre era alguacil en un tribunal de municipio y eventualmente trabajaba en la finca de la familia del general retirado del Ejército Juan Antonio Herrera Betancourt, a quien le pidió ayuda para que el joven de 19 años de edad ingresara en la Efofac.

En 1974, en la promoción Batalla Toma de Las Flecheras, Aponte Aponte egresó como subteniente, junto con Luis Camacho Kairuz, Óscar Márquez y Felipe Rodríguez, generales a los que acusaría años después por su participación en el golpe de Estado de abril de 2002.

Es probable que haya coincidido con Chávez en el curso básico de cadetes, pues el Presidente egresó en 1975, pero no fue de los oficiales convocados para las actividades conspirativas que concluyeron en las intentonas golpistas de 1992.

“Aponte Aponte era un oficial de escritorio”,
“él nunca descolló en la carrera militar y estaba muy rezagado”, indican dos fuentes consultadas por separado. Hizo 30 años de carrera castrense y llegó a coronel, mientras sus compañeros alcanzaron el generalato.

Algunos incidentes desafortunados, como el haber disparado imprudentemente durante un operativo contra el contrabando en el estado Falcón, le causaron desconfianza de parte de sus superiores.

Al graduarse como abogado incursionó en la justicia militar y luego obtuvo el cargo de presidente del Consejo de Guerra Permanente de Maracay. Franceschi cuenta que en 1999 se reencontró con Aponte Aponte: “Nos abrazamos porque no nos veíamos desde que éramos muchachos. Lo recordaba como un piromaniaco compulsivo dentro del movimiento estudiantil. Hace 13 años me dijo que era adeco y hablaba pestes de Chávez”.

Su supuesta filiación con los partidos tradicionales y específicamente con los dirigentes de Acción Democrática en Valencia giró progresivamente hacia el chavismo y se afianzó en 2000 cuando se convirtió en asesor de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado carabobeño Francisco Ameliach. “Aponte no era un hombre de Chávez, sino de Ameliach.

Y es éste el que lo pone al servicio del Presidente”, asegura un informante vinculado al ex magistrado. Héctor Agüero, coordinador del PSUV en Carabobo, también lo habría acercado al oficialismo.

Borrado del TSJ. El currículo de Aponte Aponte fue eliminado de la página web del Tribunal Supremo de Justicia después de que la Asamblea Nacional lo destituyó del cargo, el 20 de marzo, con fundamento en la resolución del Consejo Moral Republicano que declaró como falta grave sus relaciones con el supuesto narcotraficante valenciano Walid Makled.

Hasta el presente esa ha sido la única reacción de las autoridades del máximo juzgado del país, pues la presidenta y demás directivos del TSJ se han mantenido en silencio. Es un deshonor sin precedentes, que no fue aplicado a otros como el magistrado Luis Velásquez Alvaray, quien también fue destituido del cargo a instancias del Consejo Moral Republicano por supuestos hechos de corrupción; o el magistrado Franklin Arrieche, quien determinó que la crisis política de abril de 2002 fue consecuencia de un vacío de poder.

Una simple búsqueda en Internet permite recuperar el link (http://www.tsj.gov.ve/eltribunal/magistrados/ eladioaponte.shtml) donde se enumeran los méritos profesionales de Aponte Aponte: magíster en Ciencias Políticas mención Gerencia de la Universidad de Carabobo; magíster en Gerencia Pública de la Universidad Nacional Abierta del Reino de España; especialista en Criminología de la Universidad de Salamanca; licenciado en Relaciones Industriales y Recursos Humanos, acreditado por la Federación Venezolana de Colegios de Licenciados en dicha materia; licenciado en Ciencias y Artes Militares; y doctor en Derecho de la Universidad del Zulia, con tesis mención publicación.

Las autoridades del TSJ también excluyeron el registro oficial de los cargos públicos que ejerció Aponte Aponte, entre ellos el de director de la Coordinación Estadal Antidrogas de Aragua.

Hasta hace menos de dos meses, el TSJ estaba orgulloso de tener un magistrado con tantas condecoraciones, como la Doctor Arminio Borjas en su primera clase, de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela.

Disciplinado, obediente y subordinado. En los tribunales militares, Aponte Aponte aprendió a cumplir órdenes de sus superiores. “Esto tenía sentido durante la vigencia de la legislación que permitía al ministro de la Defensa y al Presidente de la República, como máximas autoridades de la jurisdicción castrense, interferir en cualquier causa”, indica el general retirado de la Guardia Nacional y especialista en la materia Enrique Prieto Silva.

Como fiscal general militar, Aponte Aponte favoreció al gobierno de Hugo Chávez. Y quizás el más grande favor fue sustentar la tesis del magnicidio, a través del proceso penal derivado de la detención de 130 supuestos paramilitares en la finca Daktari, en El Hatillo, en mayo de 2004. Sin embargo, en la entrevista divulgada el 18 de abril por la televisora SoiTV, aseguró que todo fue una farsa. En cualquier caso, ese juicio lo catapultó al cargo de magistrado del Tribunal Supremo de Justicia.

En diciembre de 2004 cambió su oficina en Fuerte Tiuna y la carrera militar por un majestuoso despacho en la sede del TSJ y la rectoría de todos los juzgados penales del país.

Aponte Aponte ingresó al máximo juzgado del país luego de una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, a través de la cual se incrementó de 20 a 32 el número de magistrados, y el chavismo radical reemplazó al miquilenismo en la conducción hegemónica del Poder Judicial. Fue postulado por la diputada Iris Varela, actual ministra del Servicio Penitenciario, y contó con el respaldo de la plana mayor del oficialismo.

El diputado Pedro Carreño, que encabezó el Comité de Postulaciones Judiciales en esa oportunidad, dijo públicamente que los nuevos magistrados estaban comprometidos con el proyecto político chavista, por lo cual no había riesgo de “autogoles”. El día de la designación los parlamentarios de oposición manifestaron su rechazo retirándose del hemiciclo.

Liquidar a todos los involucrados en el golpe de Estado de abril de 2002 habría sido la primera orden acatada por el magistrado Aponte Aponte.

Prieto Silva era su amigo.
De hecho, el 15 de febrero de 2011 publicó un artículo titulado “Mi amigo el magistrado” para reconocer su rectitud cuando condenó al teniente del Ejército Alessandro Sicat Torres, quien el 30 de enero de 2001 roció con thinner y prendió fuego a tres soldados recluidos en una celda de castigo de la 75 Brigada de Cazadores con sede en Maturín, uno de los cuales falleció.

Pero en el mismo artículo Prieto Silva le reprocha “haber torcido el Derecho” cuando le correspondió examinar las causas judiciales de los generales Efraín Vásquez Velazco y Pedro Pereira Olivares y de los vicealmirantes Héctor Ramírez Pérez y Daniel Comisso Urdaneta, acusados de rebelión militar por su participación en el golpe de abril de 2002.

“Después del caso de los paracachitos, que sí fue una farsa porque yo lo presencié, Aponte Aponte se transformó. Sin escrúpulos, procuró el ascenso en la carrera judicial que no logró en la carrera militar”, afirma.

La segunda orden, más o menos genérica (como ha dicho el ex magistrado, después de caer en desgracia), fue perseguir sin clemencia a los disidentes del Gobierno. Para cumplirla, utilizaría sus facultades como presidente de la Sala Penal del TSJ a fin de avocarse y modificar el curso de cualquier causa, en cualquier tribunal del país; dirimir conflictos de competencia entre los tribunales ordinarios y militares; radicar juicios de un estado a otro; y, en general, interpretar las normas penales acomodaticiamente.

Por si fuera poco, fue designado presidente de los tribunales penales de Caracas, Zulia y Nueva Esparta, con lo cual se consolidó una práctica que atenta contra la independencia judicial y constituye un vicio estructural del sistema de administración de justicia: dar instrucciones a los jueces sobre la orientación de sus sentencias, de acuerdo con los intereses coyunturales del Gobierno.

En Caracas, dos juezas fueron sus aliadas para manipular expedientes, según ha reconocido el ex magistrado públicamente: María Elena García Pru, quien fue detenida por funcionarios del FBI en Miami, en junio de 2008, por supuestas operaciones financieras sospechosas; y Véneci Blanco, que fue destituida en 2011.

Entre otros presos políticos condenados al margen de la ley, mencionados en la entrevista del 18 de abril, figuran: el general Francisco Usón Ramírez; los comisarios Iván Simonovis, Henry Vivas y Lázaro Forero y los funcionarios de la Policía Metropolitana, y los dirigentes de oposición José Sánchez Mazuco y Biaggio Pillieri.

La gestión de Aponte Aponte como magistrado duró siete años. Fueron muchas las sentencias que dictó con el respaldo de la mayoría de sus colegas de la Sala Penal que ahora quedan en entredicho, pero es muy difícil, casi imposible, revertir los daños causados.

La magistrada Blanca Rosa Mármol de León, la única que en pleno ejercicio de su cargo se ha atrevido a denunciar la subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo, recuerda a Aponte como un hombre de trato respetuoso y cordial. Sus despachos estaban a pocos metros de distancia.

“Sus revelaciones confirman que hay magistrados y jueces comprometidos con el poder, pero no con la justicia, que pagan sus designaciones en el cargo con sentencias complacientes. Yo puedo ratificar que los jueces reciben instrucciones de los presidentes de los circuitos penales, que van más allá de lo administrativo e interfieren en su autonomía para juzgar y sentenciar. Al día siguiente de las declaraciones de Aponte Aponte supe de otra jueza obligada a decidir en contra del Derecho y su conciencia, lo cual indica que él no es el único responsable de la crisis del Poder Judicial”, advirtió Mármol de León.

La magistrada considera que el resto de las autoridades del TSJ tienen razones para estar preocupados: “Deberían poner sus barbas en remojo, sobre todo los que argumentan que, en nombre de la revolución y mejores tiempos por venir, vale la pena cometer algunas arbitrariedades”.

En las redes del narcotráfico. Por los cargos públicos que ocupó antes de ser magistrado del TSJ, Aponte Aponte debió conocer las operaciones del narcotráfico y, entre ellas, las que se atribuyen a Walid Makled, hoy preso y aparentemente dispuesto a colaborar con el Gobierno. El ex magistrado se ha atrevido a afirmar que el general del Ejército Clíver Alcalá Cordones, comandante de la IV División Blindada con sede en Maracay, y Néstor Reverol, director de la Oficina Nacional Antidrogas, son los zares venezolanos del negocio ilícito.

Carlos Julio Peñaloza, general retirado del Ejército y acérrimo crítico del Gobierno, asegura que el ex fiscal general militar cayó en las redes del narcotráfico y que incluso trabajó para Makled: “Eladio Aponte es una primera víctima de las disputas intestinas del chavismo por la enfermedad del Presidente. El ex magistrado afrontaba un dilema: seguir la cantaleta de fidelidades a las imposturas patrioteras o quedar libre y protegido, como testigo clave de la justicia de Estados Unidos”.

A diferencia de los casos con implicaciones políticas, no hay sentencias dictadas por Aponte Aponte que confirmen lo dicho por Peñaloza. Sin embargo, voceros del oficialismo en el Ejecutivo y el Legislativo se hacen eco de las relaciones empleador-empleado entre el supuesto narcotraficante y el ex presidente de la Sala Penal.

Una pandemia.
Como orador de orden en el Acto de Apertura del Año Judicial 2006, Aponte expresó: “El destierro de esa pandemia ­la corrupción­ depende en buena parte de la firme actuación de los 32 magistrados que integramos el Tribunal Supremo de Justicia, olvidándonos de intereses grupales e intereses económicos porque estamos al servicio del soberano, al servicio de la Constitución. Estamos en presencia de un desafío de múltiples implicaciones (…) somos una institución que vive a plenitud el presente venezolano, signado de metas emblemáticas como la lucha por la libertad inspirada en la doctrina bolivariana”.

Chávez estaba presente en el acto, rompió el protocolo y tomó el micrófono para elogiar el discurso. “Nos ha hecho unas reflexiones recordándonos a Bolívar sobre el compromiso de batallar por la justicia verdadera”, dijo el Presidente.

Ahora el jefe del Estado dirige el coro oficialista que estigmatiza al ex magistrado como un delincuente e invita a valorar como positiva la actuación del Consejo Moral Republicano.

Pero no fue el Gobierno sino el presidente de URD, Rafael Rodríguez Mudarra, quien solicitó a la máxima instancia del Poder Ciudadano que investigara y, si fuera el caso, sancionara los vínculos entre Aponte Aponte y Makled.

Y, luego de su destitución, el dirigente solicitó al Ministerio Público que se le prohibiera la salida del país.

Sin embargo, la Fiscalía no actuó contra Aponte Aponte sino hasta el 18 de abril, cuando logró que un tribunal le dictara la orden de captura que permitiría activar la alerta roja de Interpol. A simple vista, pareciera que sus antiguos aliados no sabían de lo que era capaz, por lo que pudo huir del país con relativa facilidad; más que por las investigaciones penales emprendidas en su contra, por el temor ­señalado en la entrevista televisiva­ de ser víctima de un sicariato como el ex gobernador de Apure Jesús Aguilarte Gámez, quien recibió una ráfaga de tiros el 24 de marzo.

El primer altavoz que utilizó para hacer sus acusaciones fue el canal de televisión que tiene Eligio Cedeño en Miami.

Aponte Aponte decidió a favor del empresario investigado por la presunta comisión de delitos cambiarios, a través de la compañía Microstar.

La entrevista transmitida por SoiTV les permitiría a ambos desnudar ante Venezuela y el mundo un Poder Judicial profundamente envilecido, del cual uno y otro se sienten víctimas. Sin embargo, la fiscal general Luisa Ortega dijo que las acusaciones del ex magistrado no son suficientes para iniciar una investigación.

Cedeño no perdería la oportunidad para desagraviar a la jueza María Lourdes Afiuni, quien está presa por concederle la libertad. En las declaraciones hechas en Costa Rica, Aponte la describió como “una mujer muy valiente, una de las juristas que representan bien el sistema judicial”.

Cuando los interlocutores le exigieron pruebas de los hechos que denunció, el ex magistrado que hoy está bajo protección de la DEA esquivó el requerimiento, como quien aspira a aumentar intrigas: “Bueno, ahorita no las tengo”.