Qué garantía puede tener un estudiante, trabajador, comerciante, opositor, disidente, comerciante o cualquier miembro de la sociedad civil que ya ha sido señalado públicamente por Nicolás Maduro quien se convierte en juez, parte, legislador y además, los señala directamente con calificativos irrespetuosos?

Qué juez o fiscal se atrevería a ir contra aquel individuo señalado en una cadena presidencial?

logo_VAF_2012_4_copy2-300x300Miami, 12 de Noviembre 2013.- Como consecuencia de las medidas económicas tomadas por el Ejecutivo venezolano, queremos expresar nuestro profundo rechazo por la pronta instalación de “Tribunales Especiales” dentro del marco de la Ley Habilitante que bajo la excusa de lucha contra la corrupción, ya que violan el artículo 49 de la Constitución Nacional referente a las garantías que deben regir un proceso judicial. Como lo ha manifestado Nicolás Maduro, se realizarán juicios “expeditos”a través de los Tribunales Especiales donde la simple detención ya presume culpable a cualquier ciudadano y le niegan además todos los derechos al debido proceso.

El artículo 49 de la Constitución venezolana detalla en forma clara que “El debido proceso se aplicará en todas las actuaciones judiciales y admnistrativas..”, sin embargo, bajo los “Tribunales especiales”, existirá ausencia de lo que consagra esta norma: las garantías de un juicio justo, el derecho a ser escuchado,  de contar con tiempo para su defensa, derecho a ser juzgado por sus jueces naturales, entre otros, dejando en indefensión jurídica, violando el principio de presunción de inocencia y sin ningún tipo de garantías judiciales a quienes sean procesados bajo el marco de la Ley Habilitante. Maduro ha ordenado que sean juicios”rápidos”que solo existen en regímenes totalitarios.

Maduro utiliza la crisis económica cada vez mas profunda para pisotear el marco constitucional y deja desprotegidos a los comerciantes con medidas inconsultas, sin investigación previa y con mensajes que incitan al saqueo de comercios, dando la espalda a la seguridad jurídica que debe garantizar al país. No se investiga en forma seria ni se llega a demostrar el resultado de la investigación. Si bien es cierto las leyes existentes contemplan las normas para una investigación, éstas no se aplican porque la intención de la Ley Habilitante es otra.

Además de no garantizar el derecho a la propiedad con la situación de caos actual, se está creando el clima para acelerar y justificar la Ley Habilitante que tiene un solo fin: perseguir políticamente a todo aquel que sea objetivo de la revolución bolivariana bajo la implementación de decretos que entrarán en vigencia de inmediato. La amplitud de la ley y los poderes ilimitados de Maduro que puede hacer lo que quiera,como por ejemplo, leyes a su medida de acuerdo al curso que tome el país y suprimiendo las libertades consagradas en la Constitución si esto le permite mantenerse en el poder aunque lo ejerza en forma ilegítima.

Si bien Venezuela tiene un sistema de leyes contra la corrupción y el comercio que no se han aplicado por la falta de independiencia del Poder Judicial que está doblegado al Poder Ejecutivo, éstas nuevas leyes que anuncian seran muy severas con endurecimiento de penas,aplicadas por “Tribunales Especiales” con jueces y fiscales nobrados a dedo que solo siguen órdenes del mismo Nicolás Maduro, su tren ministerial y la Fiscal Luisa Ortega quien da la espalda a su sagrado deber de garantizar el respeto al debido proceso y a los derechos humanos de los ciudadanos, en este caso,muy al contrario, la Fiscal Ortega garantiza la violación de éstos.

Qué garantía puede tener un estudiante, trabajador, comerciante, opositor, disidente, comerciante o cualquier miembro de la sociedad civil que ya ha sido señalado públicamente por Nicolás Maduro quien se convierte en juez, parte, legislador y además, los señala directamente con calificativos irrespetuosos? Qué juez o fiscal se atrevería decidir a favor de aquel individuo señalado en una cadena presidencial?

Bajo este clima polarizado, de inseguridad jurídica con medidas populistas y caos, Venezuela se prepara para un proceso electoral el próximo 8 de Diciembre que en nada favorece(este clima) la celebración de la misma.

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