EL UNIVERSAL
Una joven pareja de activistas opositores barineses está tras las rejas: el Sebin afirma que encontró explosivos en su casa y ellos denuncian que las pruebas son falsas. Por Oscar Medina
Sandra Flores Márquez tiene dos licenciaturas: ambas obtenidas en Barinas. Es administradora (Unellez, 203) y abogada (Santa María, 2012). También tiene una maestría en gerencia empresarial (Universidad Fermín Toro, Barinas) y está haciendo un doctorado en Administración de Empresas en la Universidad Politécnica de Madrid. Ha sido docente contratada en la Universidad de Los Llanos Ezequiel Zamora y ha dado conferencias sobre diversos temas en foros en Costa Rica, Brasil y aquí mismo en Venezuela.
Hernando Garzón Martínez tiene una licenciatura en Sociología del Desarrollo por la Unellez (2009) y está haciendo una maestría en Gerencia de Recursos Humanos en la Unefa.
Visto esto, podría decirse que los dos son gente de arraigo en Barinas, no recién llegados con misión de ir a sabotear la gestión de los Chávez en la zona.
El problema con ellos, parece ser, es su militancia política: ambos pertenecen a Primero Justicia. Y, además, trabajan para una alcaldía opositora. Sandra es asesora legal del Concejo Municipal del Municipio Barinas y Hernán es asesor de la presidencia del mismo Consejo Municipal. Pero Hernán Garzón no es un militante de base. Tiene un largo historial como dirigente estudiantil desde sus años de liceísta y ha sido candidato a diputado regional en dos oportunidades y al Parlamento nacional en 2010. Fue, además, jefe del comando de campaña regional de Henrique Capriles y actualmente es secretario juvenil nacional de Primero Justicia. Es decir, es un adversario conocido, de acciones públicas.
La Fiscalía, sin embargo, en la audiencia de presentación les acusó por los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, asociación para delinquir, tráfico ilícito de explosivos y ocultamiento de explosivos. ¿Cómo fue eso?
¿Y esa caja?
El 21 de marzo el matrimonio Garzón recibió la información: se está cocinando un allanamiento. “Somos abogados, conocemos a gente en el Poder Judicial, y nos pasaron el dato”, cuenta José Ovidio Flores, padre de Sandra: “Pero estábamos tranquilos porque ellos no andan en actividades ilegales ni nada de eso”. En su carta pública ella dice algo similar: “Sin nada que temer porque no hemos participado ni participaremos en actividades violentas o en otro tipo de actividades que no estén establecidas en nuestra Constitución, denunciamos por Twitter (@HernandoGarzon) que seríamos objeto de este allanamiento y que esperaríamos en casa a los funcionarios del Sebin porque no tenemos nada que ocultar o temer”.
Diez años de matrimonio cumplieron el 25 de marzo. En la madrugada siguiente, a las 4, el Sebin les mandó un regalo: “Llegan a nuestra casa unos 30 sujetos fuertemente armados identificados como funcionarios del Sebin, muy pocos estaban identificados como funcionarios del CICPC”. Tenían, eso sí, orden de allanamiento. Pero -según el relato de Sandra- en el papel se establecía que solo los agentes de la policía científica estaban autorizados para entrar a la residencia.
“Sin embargo”, cuenta ella, “con empujones y gritos penetraron los funcionarios del Sebin sin orden de allanamiento, la mayoría vestidos de rojo y varios traían morrales”. Señala Sandra Flores que por insistencia de los agentes, el allanamiento comenzó en la segunda planta de la casa: “Nos suben, en principio, a mi persona, a dos funcionarios del Cicpc, a los dos testigos que trajo el Sebin, al vecino que fungió como testigo y a mi pequeño hijo. Mi esposo quedó en la planta de abajo con una gran cantidad de funcionarios del Sebin”.
Esta no es una aclaratoria ociosa. Es clave en función de la denuncia que hacen los detenidos. “En dos oportunidades suben a mi esposo a la parte superior de la casa donde nos encontrábamos los antes mencionados, quedando la parte inferior de nuestra vivienda en total posesión y dominio de estos efectivos del Sebin, sin testigo alguno que pudiera constatar que no hubo nada anormal en la parte de abajo, estando ellos con sus morrales”.
Y entonces pasó algo: “Luego de la segunda subida de mi esposo por exigencia de ellos a la segunda planta, un funcionario informa que no se continúe con la revisión minuciosa en la planta de arriba, sino que se proceda con el registro en la parte de abajo”.
Al bajar, el grupo se dirigió al patio de la residencia: “Y encima de un tanque de agua apareció una caja con presuntos explosivos. Unos funcionarios vestidos de rojo nos señalan a mi esposo y a mí de terroristas, y me muestran uno de los supuestos artefactos explosivos, los cuales tenían cinta plástica alrededor”.
No era fácil tragarse esa píldora: “Le digo al funcionario que agarra la caja con los presuntos explosivos que se trata de una siembra y que él lo sabe, y exijo de inmediato que le hagan una experticia a los presuntos artefactos explosivos porque deben aparecer nuestras huellas dactilares en ellos, ya que tienen cinta plástica”.
El agente le respondió que en esas cosas, aunque estén forradas así, no quedan huellas: “Este funcionario toma la caja, la fotografía en el piso y se la lleva sin colocarle el precinto de seguridad, de manera que no cumplió con exactitud la cadena de custodia establecida para el tratamiento de la evidencia física”.
Después de eso, la pareja fue a dar a la sede del Cicpc.
A la espera
El matrimonio Garzón vive en una casa en la urbanización Don Samuel, en Alto Barinas. “En toda esa zona, como en otras, hubo manifestaciones pacíficas”, señala José Flores: “Pacíficas, pero consecutivas. A la luz del día, con pancartas y eso. Sin violencia”.
Esa casa es también el hogar de los padres de Sandra Flores y se supone que era una más en una lista de posibles allanamientos en el lugar: “Esa madrugada se metieron en la nuestra y en la casa de al lado de forma simultánea. Creo que mi esposa, mi otra hija y yo no estamos presos sencillamente porque en esos días andábamos de viaje”.
La operación tipo comando con armas largas y pistolas se hizo en presencia del hijo de nueve años de la pareja: “Les sembraron una caja con granadas, miguelitos y niples”, explica Flores: “Se los llevaron a esa hora y al niño lo dejaron con unos vecinos, así sin más, sin la presencia de alguien que resguardara los derechos del niño. Ahí estuvieron hasta que sus abuelos paternos los fueron a buscar. El niño los ha podido ver, pero hay muchas restricciones para las visitas. Están detenidos en la comisaría rural de Obispos, a unos 30 minutos de Barinas y las visitas son solo de dos a cuatro de la tarde”.
El mismo 26 de marzo la dirigencia nacional de Primero Justicia condenó los hechos señalando que el Sebin había sembrado “niples, bombas molotov y otros artefactos para involucrar a Garzón en actos violentos”. Y exigieron, por supuesto, la liberación de la pareja. La Mesa de la Unidad también rechazó la detención de Garzón y Flores y aclaró que ambos son miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la coalición opositora.
En la audiencia de presentación la Fiscalía los acusó por cinco delitos: terrorismo, financiamiento al terrorismo, asociación para delinquir, tráfico ilícito de explosivos y ocultamiento de explosivos. Suficiente para penas de hasta 30 años sin ningún beneficio alternativo. “La jueza desestimó los cargos vinculados al terrorismo y solo dejó el ocultamiento de explosivos”, explica Carlos Bonilla, uno de los abogados de la pareja. Este delito conllevaría una pena de 2 a 5 años de prisión y quedaría abierta la posibilidad de una medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad. Es decir, podrían cumplirla en casa.
La jueza Carolina Paredes fue destituida tras la decisión de no admitir las acusaciones de terrorismo y en Barinas hay quien encuentre similitudes con el caso Afiuni. “Como este es un caso netamente político y la jueza desestimó los delitos más graves por ausencia total de pruebas, ella fue destituida de su cargo”, escribió Sandra Flores.
José Ovidio Flores hace una precisión: “Fue destituida del sistema judicial tras 15 años de experiencia”.
Como sea, hay un asunto fundamental: “La Fiscalía no apeló la decisión, por lo tanto es una decisión firme”, explicó el abogado Bonilla. El caso quedó sin juez hasta que, finalmente, anunciaron designada: “Ahora viene la jueza Vanessa Paradas, a quien conocemos por ser afecta al Gobierno. En este tema no hemos tenido contacto con ella. La primera oportunidad será el 9 de junio, que es la fecha fijada para la audiencia preliminar”.
El lunes 12 de mayo vencía el plazo para que la Fiscalía presentara acto conclusivo. El viernes 9, sin previo aviso y sin notificar a los abogados defensores, se decidió un traslado de los detenidos ante el tribunal. Se presume que lo habrían hecho para intentar sumar nuevamente el cargo de terrorismo. Ese día la dirigencia y la militancia de Primero Justicia en Barinas se apostaron a las afueras del circuito judicial penal para demandar información sobre lo que estaba sucediendo. Pero de todas formas no fue posible la audiencia porque los abogados de la defensa no habían sido notificados.
“Si les van a pretender imputar terrorismo, eso ya es cosa juzgada”, advierte Bonilla: “Fue desestimado por la jueza y la Fiscalía lo aceptó”. Tanto lo aceptó, de hecho, que ese día 12 de mayo en su acto conclusivo solo acusó por el delito de ocultamiento de explosivos.
Ahora el temor de la defensa es que el 9 de junio decidan que no hay despacho: para entonces sumarán 75 días detenidos.
Unos dicen, otros desdicen
El 27 de marzo, tras la detención de Hernando Garzón y de su esposa Sandra Flores, la secretaria general del gobierno del estado Barinas, Keissy Gómez, dio unas declaraciones anunciando el resultado de este operativo en el que se había capturado a estas dos personas que “podrían” estar involucrados en la quema de la sede del Ministerio de Energía y Petróleo y en otros actos vandálicos.
En su carta Sandra Flores enumera la andanada: “…otros funcionarios regionales oficialistas se pronunciaron en contra de nosotros. La entrega de Memoria y Cuenta del gobernador del estado Adán Chávez se centró en tildarnos de terroristas, sin tener pruebas. El presidente del Poder legislativo también se pronunció a través de los medios de comunicación en contra de nosotros llamándonos terroristas. Una concejala suplente y el presidente regional del Frente de Abogados Socialistas, también hicieron lo mismo”.
La sede del Ministerio de Energía y Petróleo ubicada en Alto Barinas fue incendiada en la madrugada del 18 de marzo. Se supone que tres motorizados lanzaron bombas molotov y se desató el incendio que afectó -según Pdvsa- 80 por ciento de la edificación”. Ese es el caso al que se quiere vincular a Garzón.
Su suegro, el abogado José Flores, asegura que para esas fechas la pareja ni siquiera estaba en el país.
Hernando Garzón fue designado secretario juvenil nacional de Primero Justicia el 27 de abril. Es decir, un mes después del allanamiento a su residencia.
Adán Chávez comentó el nombramiento en declaraciones recogidas por la prensa regional en las que señaló que Primero Justicia “lo que hace es premiar a sus delincuentes dándoles cargos nacionales”.
Los defensores de la pareja no dudan en calificar esto como una persecución política, una vía para anular a un activista y lograr, además, otro objetivo: “Buscan vincular de alguna manera a Bárbara Angulo, la presidenta del Concejo Municipal de Barinas y en consecuencia afectar al alcalde José Luis Machín”, asegura Flores: “Ellos trabajan para la Alcaldía de Barinas, que es opositora, y a todos les habían indicado que no participaran en manifestaciones justamente para evitar problemas”.
E insiste: “Les sembraron una caja con explosivos”. Y apunta: “Este es un juiccio político. Sabemos cómo comienza, pero es muy difícil saber cómo terminará”.
