La Asesoría Castro-comunista en Venezuela no se limita a los sectores de salud, militares o docentes sino especialmente a la represión.
En días recientes hemos visto en Venezuela una profundización desesperada y puntual del régimen, donde los servicios de inteligencia criollos orientados por la Dirección de Inteligencia (DI) cubana y ejecutados por el Cuerpo de Investigaciones Penales Científicas y Criminalísticas (CICPC) desnaturalizada en su esencia como una policía judicial cuyo fin debe ser la investigación de los delitos cometidos por la Delincuencia Organizada y por el Hampa Común, pero siendo utilizada por el gobierno para presentar a los manifestantes como delincuentes comunes y a las protestas como acciones delictivas.
Esta represión esta dirigida hacia supuestos “guarimberos” u organizadores de tales manifestaciones sin que por cierto estas hayan parado, vale decir sin hacer mella al supuesto “aparato golpista” que en realidad son miles de venezolanos golpeados por la crisis, por el hambre, desempleo e inseguridad que se vive a diario en el país. Sin embargo han sido dos elementos cuyo simbolismo representa la mas abyecta felonía cargada de una inmensa maldad, cabe destacar el incendio de Universidades, regresando a los oscuros tiempos de la Guerra Federal cuando los partidarios del paladín Zamora condenaban a muerte a quienes sabían leer y escribir luchando así contra todo vestigio de cultura. El otro factor es la persecución a los Abogados y defensores de los manifestantes, persecución que priva a los ciudadanos venezolanos no solo del derecho a protestar sino del derecho a la legítima defensa ante los tribunales.
Tal es el reciente caso del Dr. Marcelo Eduardo Crovato Sarabia, conocido Abogado Penalista de amplia trayectoria, autor del blog “Abogado y Criminalísta”, quien es uno de los mas reconocidos expertos en la materia penal en Venezuela, lo que le ha valido el reconocimiento como Colaborador Oficial de Foro Penal y de otras organizaciones de Defensa de los Derechos Humanos, como FUNDECI, en la defensa de al menos una decena de manifestantes quienes han sido acusados de falsos delitos por parte del Superministerio de Policía venezolano. El Dr. Crovato venía representando sin cobro de honorario alguno, desde mediados de marzo a varios ciudadanos sin recursos económicos que habían sido injustamente detenidos y presentados ante los tribunales de Control venezonlanos. En la defensa de estas personas, el Dr. Crovato también se dedica por medio de una Asociación Civil que preside a la docencia de los Derechos Humanos y constitucionales a jóvenes que así lo requieran. En esas actividades a todas luces legales, dos funcionarias al servicio del SEBIN participaron en una reunión abierta y legal en la residencia del Sr. Ignacio Porras, la tarde del 10 de abril de 2014, donde una de estas mismas agentes provocadoras o “Patriotas Cooperantes” como se denomina en la jerga castrista a los confidentes o sapos, identificada con el alias de “Bombon” (nombre, cédula y número de celular de esta funcionaria en reserva de este cronista) instaba en la reunión a participar en acciones armadas y violentas contra los mismos funcionarios policiales, a lo que el Dr. Crovato le indico que bajo ningún concepto debía hacerse daño a las personas por mas razones que hubiera de protestar. La actitud violenta de esta persona llamo la atención en la reunión resultando ser una provocadora del régimen.
La madrugada del 22 de abril, el CICPC realizó varios allanamientos en zonas del Municipio Chacao, entre ellas en la lavanderia y en la residencia del Sr.Ignacio Porras deteniendo a este y a la Sra. Marling Marquez, socia de este. El Dr. Crovato se trasladó a la sede del cuerpo policial para representar los derechos de estas personas pues no tenía nada que temer y al llegar fue detenido por los funcionarios quienes en los primeros momentos olvidaron despojarlo de su telefono celular, lo que permitió a este tuitear una advertencia sobre su detención, lo que advirtio a su socio y colega quien se estaba trasladando al sitio para representar también a las personas. Vale decir que este otro Abogado así como varias personas mas que estuvieron en dicha reunión se encuentran activamente solicitadas por el CICPC, bajo la absurda acusación de planificar atentados terroristas, en un país donde no se realizan atentados terroristas desde la década de los sesenta, siendo esta la treta usada por el gobierno para detener a los defensores de los Derechos Humanos, acusaciones de actos que nunca se han hecho y de amenazas irreales.
Las personas detenidas ese día estuvieron esperando la realización de la Audiencia de Presentación durante dos días mientras los funcionarios del CICPC evaluaban que pruebas falsas agregar al expediente, entre ellas una pistola con seriales limados y una granada lacrimógena además de cantidades de droga y dinero para satanizar el caso, acción que no tuvo efecto entre la población que a diario recibe noticias de este tipo de cosas. Dicha Audiencia duro tres dias donde se acuso a los detenidos de los siguientes delitos: Desobediencia a las leyes, atentado contra la vida, tenencia de armas de fuego, asociación para delinquir e intimacion publica, delitos todos considerados menores y ninguno de ellos meritorio de una privación de libertad, sin embargo el Tribunal Noveno en funciones de Control del Área Metropolitana ordenó la medida privativa de libertad, especialmente contra el Dr. Crovato enviandolo al Retén Judicial de Yare III y limitando sus visitas solamente a familiares directos. Llama la atención que durante la espera de la Audiencia de Presentación y remisión al Retén, este Abogado así como los demas detenidos fueron enviados a la Sede de la Brigada de Acciones Especiales (BAE) del CICPC, organismo de comandos, siendo trasladados con fuerte custodia armada y bajo las acusaciones de ser guerrillero urbanos, siendo notorio en Venezuela que los unicos guerrilleros urbanos o paramilitares son los colectivos del terror, evidentemente sustentados y protegidos por el gobierno nacional.
La integridad y vida tanto del Dr. Marcelo Crovato, las personas que están solicitadas y ocultas así como de los demás detenidos que son presos políticos puestos en cárceles comunes son responsabilidad del Mayor General Miguel Eduardo Rodriguez Torres, de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz y demas representantes del poder judicial venezolano al servicio satélite de la dictadura castro comunista de Cuba. Son ellos quienes al final tendrán que rendir cuentas ante la Nación y a la Justicia.
Charlie Miller, Maracaibo, Estado Zulia
Venezuela Awareness, 8 de Mayo 2014
