GNB se activa ante alertas de protestas, mientras que San Félix sigue desguarnecida

La presencia militar en espacios públicos de Puerto Ordaz se torna permanente. Así ha ocurrido con la Plaza Monumento CVG en Alta Vista.

Las plazas de Ciudad Guayana de ser lugares de esparcimiento y uso público pasaron a ser meras identificaciones de la polarización política en el país.

Cuando se habla de las plazas Bolívar, Miranda, Las Banderas y la del Hierro, automáticamente la gente las suele asociar como puntos de encuentro del sector oficial, al punto de abrogarse la potestad para cambiar de nombre a una de ellas por plaza Hugo Chávez.

Lo mismo ocurre con la oposición, cuyas actividades suelen concentrarse a la altura de la Cruz del Papa y, anteriormente, en la Plaza Monumento CVG, antes de ser militarizada.

El contingente militar tomó la plaza el 19 de febrero, día del primer enfrentamiento entre manifestantes y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Sin embargo, aunque se alegue que es una base preventiva para evitar actos de alteración del orden público, parte de la ciudadanía rechaza la presencia militar en el lugar, y en reiteradas oportunidades han solicitado el retiro de la GNB.

Prevención o discriminación

El G/D Luis Arrayago, jefe del Comando Regional N° 8, niega que en la Plaza Monumento CVG no puedan realizarse actividades proselitistas.

Ciertamente un grupo de concejales del PSUV ofreció una rueda de prensa en los espacios de la plaza; estudiantes y profesores han dado cátedras abiertas, y el partido Primero Justicia efectuó una recolección de firmas en apoyo a la Ley de Amnistía para los presos políticos.

No obstante, el partido Voluntad Popular no corrió con esta suerte o beneficio. Hace dos semanas sus militantes fueron ordenados a desalojar el lugar por no estar autorizados, afirmó Francisco Sucre, coordinador regional de esta tolda política.

“Se nos acercaron unos militares y nos dijeron que no podíamos estar allí porque era una zona militar”, relató Sucre. Pese a los alegatos de que el espacio es público y que no existe un decreto como tal, la respuesta siempre fue negativa, reiterada por su supervisor, agregó.

Al consultársele al comandante del CORE 8 sobre este hecho, se desentendió alegando que “conmigo no ha hablado ninguno”.

Sucre califica este acto como de discriminación política hacia Voluntad Popular, tomando como ejemplo la oportunidad que tuvo Primero Justicia para su actividad.

“Quieren mantener sometidos a Voluntad Popular porque hemos asumido la responsabilidad de exigir la salida constitucional del Gobierno nacional”, puntualizó el dirigente.

En alerta

Aunque pareciera que lo sucedido con el partido naranja fue un hecho aislado, Alta Vista está más expuesta a la bota militar.

La mañana del miércoles la ciudad amaneció con un caos vehicular que afectó a choferes y usuarios del transporte público. ¿La razón? Efectivos militares y policiales impidieron el libre tránsito debido a que tomaron Alta Vista en alerta a una convocatoria realizada por dirigentes estudiantiles.

Se trataba de una rueda de prensa que ofrecerían en la plaza que ahora funciona como base militar. Allí llevarían todas las bombas y cartuchos vacíos como pruebas de la represión de la GNB en los 100 días de protestas, pero los uniformados tomaron el llamado como un posible ataque hacia ellos. Arrayago justificó la medida como prevención a actos violentos en la zona.

Sin embargo, mientras los voceros estudiantiles esperaban por los medios de comunicación en el Centro Comercial Ciudad Alta Vista II, civiles intentaron llevarse a la estudiante Ligia Delfín, mientras que la PEB a Samuel Petit, según denunciaron los dirigentes y testigos que repudiaron el hecho.

“El Gobierno está asustado, tiene miedo de que el movimiento estudiantil esté en la calle, creen que con tanquetas, Guardia Nacional, colectivos y PEB van a detener esto; no les tenemos miedo, le tememos es al hampa de todos los días y que no hay justicia”, declaró Petit después del suceso.

Base preventiva

El general de División insiste en definir la presencia en la plaza como “base preventiva” que ejerce funciones de Patria Segura, no sólo para garantizar seguridad sino para “reaccionar de forma inmediata a actos de guarimbas”.

Sin embargo, el grupo castrense que dice responder a las coordenadas del programa Patria Segura nada ha hecho para evitar escenas de violencia en Alta Vista, como el asalto a una tienda en el Centro Comercial Ciudad Alta Vista I y el asesinato de un usuario del establecimiento.

Mientras esto ocurre, San Félix es abandonada en el patrullaje y los índices delictivos van en aumento. La respuesta del jefe del CORE 8 al respecto ha sido la misma. Excusa del descuido como una consecuencia de las protestas en Puerto Ordaz que conllevan a que todos estén abocados en este sector y no en los barrios.

“Este tipo de acciones minimiza el trabajo del plan Patria Segura. Nuestras unidades deberían estar empeñadas en su totalidad en aquellas parroquias donde hay mayor índice de criminalidad, pero hay grupos de personas que juegan a todo lo contrario”, justificó Arrayago.

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