Agosto 12, 2015.-Gobierno detiene a quienes usan los medios o Twitter como instrumento de expresión, mientras los criminales alardean en Facebook y siguen libres
El Gobierno venezolano detiene y enjuicia a la disidencia por emitir comentarios e información a través de medios de comunicación y de las redes sociales; pero no encarcela a delincuentes que inescrupulosamente utilizan los mismos medios para alardear de sus armas y acciones criminales.
El director general de la Federación Venezolana de Licoreros y Afines (Fevelif), Fray Roa —detenido el pasado viernes 31 de julio— permanecerá recluido durante 45 días en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), por ofrecer declaraciones a la cadena internacional de noticias CNN en una entrevista en la que advirtió sobre una crisis cervecera en ese país.
Los medios de comunicación locales informaron este lunes que a Roa se le acusa de emitir presuntas “informaciones falsas” que supuestamente causan “pánico y zozobra” en la población, de acuerdo con el artículo 296 del Código Penal. Su casa y seis licorerías de su propiedad fueron allanadas este fin de semana.
Del mismo modo, por ejemplo, se mantiene detenida desde hace más de 9 meses la tuitera Inés González, mejor conocida como @InesitaTerrible, por hacer un comentario en contra del Gobierno Nacional.
Pero mientras eso sucede, venezolanos muestran consternación pues en las redes sociales, como Twitter, Facebook e Instagram, delincuentes venezolanos como “Carlos Capa”, exhiben en sus cuentas personales un arsenal de armas cortas y largas, fusiles dorados, dinero, joyas, motos de alta cilindrada y hasta granadas. El delincuente aún no ha sido capturado por la justicia venezolana.
El abogado penalista y criminólogo Luis Izquiel dijo a PanAm Post que el Estado venezolano tiene una deuda con la población: explicar de dónde sacan con tanta facilidad los criminales armas de alto poder y granadas, que de acuerdo con el ordenamiento jurídico, son de uso exclusivo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Informó que se presume que las armas provienen de las FANB por actos de corrupción que se producen en los cuarteles.
El especialista se cuestionó: ¿por qué son eficientes los cuerpos de seguridad para actuar contra la disidencia política y no son eficientes para actuar contra la delincuencia desbordada en el país?, aseveró que es una inquietud que debe responder el Gobierno.
Impunidad y complacencia
Izquiel aseguró que el hecho de que los criminales utilicen las redes sociales para inspirar respeto ante otras bandas delictivas y bajo la mirada del Estado venezolano, es una muestra de la impunidad desbordada que hay en el país.
De igual forma aseguró que eso demuestra la proliferación de armas ilegales que circulan, y aseveró que lo más preocupante es que son armas de guerra, como fusiles de alto poder y granadas.
Para el abogado, el Estado no ha logrado detener esta situación por falta de voluntad política; por ignorar durante 16 años que la inseguridad fue y es un problema en el país.
En 2013, por ejemplo, el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres,afirmó que “la sensación de inseguridad en Venezuela es mayor a los delitos”; pero hoy en día ese país es la segunda nación con más asesinatos en el mundo, después de Honduras.
Izquiel también afirmó que otro de los errores del Gobierno ante la situación delincuencial en Venezuela es “haber colocado a gente incompetente en el sistema de administración de justicia”; asegura que los cargos han sido ocupados por personas que “no han tenido la voluntad de sancionar a los delincuentes en el país”.
Recordó cuando el ex viceministro del Interior José Vicente Rangel Ávalos, sereunió con 280 bandas criminales para inaugurar sus zonas de acción criminal como “territorios de paz”.
La cárceles: “Escuelas de delincuentes”
Hoy los recintos penitenciarios en el país cuentan con pranes, — líderes carcelarios, en algunos penales hay uno principal y varios secundarios por sectores, que le rinden cuentas— que ejercen el control; desde las cárceles se planifican y se cobran secuestros vía telefónica, se cobra rescate por vehículos robados, cobran pagos semanales a los otros reos como “vacuna” para poder vivir y estar en los recintos carcelarios del país.
Para el especialista Izquiel, “las cárceles venezolanas no rehabilitan sino que son escuelas de delincuentes”. Aseveró que hay recintos penitenciarios como la cárcel de Tocorón que funciona más bien como un “club vacacional“.
“La cárcel de Tocorón cuenta por ejemplo con discotecas, bancas para apostar, piscina, el restaurante “La sazón del hampa”, etc (…) la delincuencia no va a pagar una pena sino a pasar vacaciones”, sentenció.
Dijo que hay que preguntarle al Gobierno por qué ha permitido esta situación que es una mezcla de ineficiencia con algún interés en mantener la anarquía del país.
OLP: bandera electoral a costa de derechos humanos
De acuerdo con Izquiel, la Operación de Liberación y Protección del Pueblo(OLP), es el plan número 24 asumido por el Gobierno contra la inseguridad.
Es un operativo policial con acompañamiento militar que de acuerdo a especialistas, no ha tenido éxito debido a que hasta ahora no ha sido capturado ninguno de los jefes de las grandes bandas criminales del país.
El sociólogo Luis Cedeño, quien es director de la asociación civil Paz Activa y del Observatorio de delitos organizados, afirmó a PanAm Post que estos operativos no abordan el problema de impunidad en el sistema de justicia, ni ningún programa de prevención social del delito, por lo que afirmó que es un programa destinado al fracaso.
Las “megabandas” en Venezuela se caracterizan por la gran cantidad de personas, por el armamento que poseen de guerra y por lo que se dedican, son expertos en secuestros de personas de relevancia con logística, cuentan con total impunidad en el territorio donde se manejan (“zonas de paz”), extorsionan, realizan cobro de vacunas y controlan la droga en diferentes sectores.
Cedeño afirmó que los delincuentes de las megabandas criminales como “El Coqui”, El Picure”, “El Juvenal” y “El Niño Guerrero”, no han sido capturados con estas OLP; por lo que los jefes se mantienen libres y cometiendo delitos.
Por su parte, Izquiel considera que estos nuevos operativos forman parte de un plan que busca un “efecto electoral” en vísperas de las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.
Inti Rodriguez, coordinador de investigación del Programa Venezolano de Educación-Acción en derechos humanos (Provea), informó a PanAm Post que estos operativos constituyen un retroceso en materia de derechos humanos, pues en el marco de su aplicación, se han efectuado allanamientos a conjuntos residenciales y barrios, demolición de cientos de viviendas, desalojos forzosos, detenciones arbitrarias de personas, deportaciones masivas e inconsistencia en cifras y balances ofrecidos por las autoridades.
Además el número total de personas fallecidas se desconoce, y la razón de sus muertes también.+
Rodríguez aseguró que en las últimas semanas han sido detenidas más de 500 personas en el marco de la OLP; explicó que solo en la Cota 905 fueron detenidas 134 personas a quienes acusaron de mantener vínculos estrechos con el paramilitarismo, pero 15 días después se conoció que sólo siete de ellas permanecen detenidas por presentar cargos por robo y homicidio, mientras que el resto fue liberado por no tener antecedentes ni solicitudes. Es decir, la efectividad de esta incursión fue de 5%.
