Abril 05, 2016.-La Comisión escuchó a Jean Carlos Guerrero, hermano de Jimmy Guerrero y sobrino de Ramón Molina, presuntamente asesinados por grupos de exterminio vinculados a Polifalcón
Francisco Eguiguren oyó con atención a las representaciones del Estado y de la sociedad civil mientras expusieron sus percepciones sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Al final de la audiencia el nuevo relator para Venezuela agradeció que ambas partes legitimaran a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un espacio para la discusión de altura. No obstante, advirtió que lo esencial es asegurar la efectiva vigencia de los derechos humanos en el país más allá de los discursos: “No nos engañemos, sabemos que Venezuela vive una situación bastante delicada, una crisis social que nos preocupa”.
Eguiguren fue designado como integrante de la CIDH en junio de 2015. Ejerció el cargo de ministro de Justicia de Perú. Instó al Estado venezolano a revertir su decisión de denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, para devolver a las víctimas la posibilidad de que sus casos sean juzgados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También manifestó su aspiración de que le permitan visitar Venezuela. Sus predecesores en el cargo, Paulo Sérgio Pinheiro y Felipe González, no lo lograron.
Estallido social. Marco Antonio Ponce, director del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, aportó datos que fundamentan la preocupación de la CIDH. Dijo que en los últimos cinco años ha habido más de 30.000 protestas; la mayoría corresponde a reclamos de derechos económicos y sociales.
Ponce destacó que en 2015 se incrementaron las manifestaciones en rechazo a la escasez y el desabastecimiento de alimentos y medicinas y que hay un aumento sostenido de los saqueos e intentos de saqueos. “La respuesta del Estado ha sido la represión y las medidas equivocadas del presidente Nicolás Maduro están llevando a Venezuela a un estallido social”, advirtió el activista, que instó al gobierno a implementar buenas prácticas como las sistematizadas en la guía del Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a efectos de la resolución pacífica de conflictos.
Otra modalidad de represión contra la crítica fue expuesta por el director de Espacio Público, Carlos Correa, al referirse a la crisis de insumos que afecta a los medios de comunicación social, particularmente los impresos, por falta de papel periódico.
Correa recordó que desde 2013 el Estado controla el monopolio de la importación y venta de papel periódico a través de la Corporación Alfredo Maneiro. Precisó que en 2015 desaparecieron 4 diarios y en lo que va de 2016 otros 6. “En contraste, a los periódicos oficialistas sí se les garantiza el suministro de papel”, aseguró el representante de Espacio Público.
Más tarde los comisionados tuvieron la oportunidad de escuchar a Jean Carlos Guerrero, hermano de Jimmy Guerrero y sobrino de Ramón Antonio Molina Pérez, quienes habrían sido asesinados por funcionarios de la Policía de Falcón, el 30 de marzo de 2003. La víctima aseguró que entre 2000 y 2008 hubo 260 ejecuciones policiales en Falcón, como resultado de la actuación de grupos de exterminio.
El plan y el decreto Obama. La audiencia sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela fue solicitada por el Estado y la vocería estuvo a cargo de Larry Devoe, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos.
Como un gran avance, Devoe se refirió a la aprobación del Plan Nacional de Derechos Humanos. Destacó que fue consultado con 258.096 personas y está integrado por 213 acciones programáticas. Sin embargo, no ofreció información sobre los resultados del plan.
Aunque el tiempo era limitado, el representante del Estado usó varios minutos en manifestar su rechazo a la ratificación del llamado decreto Obama, mediante el cual el gobierno de Estados Unidos considera que Venezuela constituye una amenaza para la seguridad de aquel país.
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