Noviembre 10, 2016.- Las agrupaciones le enviaron una misiva al Alto Representante del bloque en la que piden que se aplique al país el Protocolo de Ushuaia si el Gobierno no permite a los venezolanos activar el revocatorio.
Caracas. Por considerar que el Gobierno de Nicolás Maduro está “de espaldas a los compromisos (…) en materia de Derechos Humanos” que asumió al unirse al Mercado Común del Sur (Mercosur), 40 organizaciones civiles le solicitaron a los miembros fundadores del bloque —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— que imponga las sanciones previstas en el Protocolo de Montevideo sobre Compromiso con la Democracia.
La petición figura en una misiva que esta semana le enviaron las agrupaciones al Alto representante del Mercosur, Florisvaldo Fier, en la cual indicaron que con el decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica del pasado 13 de mayo se produjo en el país “una interrupción del hilo constitucional”, la cual se agravó con la obstaculización “ilegal” del referendo revocatorio presidencial y la no celebración de las elecciones regionales que han debido realizarse en diciembre.
“Recurriendo a un fraude a la Constitución, el Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendió (el 20 de octubre), el procedimiento encaminado a la manifestación de voluntades para decidir la realización de un referendo revocatorio sobre el presidente Nicolás Maduro, derecho presente en nuestra Constitución y que permite evaluar la gestión de los funcionarios electos por voto popular. Cinco tribunales penales, actuando por orientación del Ejecutivo Nacional, decidieron simultáneamente, y sin tener competencia para ello, suspender el proceso de manifestaciones de voluntad pautado para los días 26, 27 y 28 de octubre, en una clara demostración de falta de independencia y autonomía del Poder Judicial”, denunciaron las agrupaciones.
Tras asegurar que “esa arbitraria y peligrosa decisión fue el punto de quiebre de un proceso de progresiva restricción de las libertades económicas, en un contexto de profunda crisis económica y social”, las ONG alertaron que “al cerrar la posibilidad de que el pueblo venezolano pueda lograr una salida pacífica, democrática y constitucional a la crisis, el Gobierno ha agravado el conflicto y generado condiciones para posibles escenarios de violencia”.
Para las 40 organizaciones, los obstáculos al revocatorio, el Estado de Excepción, así como la militarización del Estado, la persecución a la disidencia y el aumento del número de denuncias de ejecuciones extrajudiciales son señal clara de que el mandatario “viene gobernando al margen de la Constitución, de los valores, principios y normas establecidas por el Mercosur sobre su compromiso con la democracia y el respeto a los Derechos Humanos”; y por ello solicitaron que se le aplique el artículo 6 del Protocolo.
Sin embargo, las agrupaciones dieron un último chance a las autoridades y pidieron a los miembros del grupo esperar por los resultados del diálogo que el Gobierno y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) iniciaron a finales del mes pasado, bajo la facilitación del Vaticano y de los expresidentes de España, República Dominicana y Panamá, José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos, respectivamente, para tomar cualquier decisión.
Con todo, en el comunicado dejaron en claras sus dudas sobre este proceso al señalar: “La creación de instancias de diálogo no transforma automáticamente en democráticos a gobiernos que no lo son”. Por esta razón, pidieron que se apliquen sanciones al Gobierno, pues afirmaron que iniciativas como la mesa de negociaciones deben “ser acompañadas por otros mecanismos diplomáticos para apoyar la restitución de la democracia en Venezuela”
El artículo 6 del llamado Protocolo de Ushuaia prevé que aquellos países donde se produzca una alteración del orden constitucional les sea suspendido el derecho a participar en los distintos órganos de la estructura institucional del Mercosur, se cierre “de forma total o parcial las fronteras terrestres” con ellos, se suspenda o limite “el comercio, tráfico aéreo y marítimo, las comunicaciones y la provisión de energía, servicios y suministros”; así como del disfrute de otros tratados o instancias internacionales con las que el bloque tenga relación; y cualquiera otras “sanciones políticas y diplomáticas adicionales”.
El pedimento de las organizaciones de Derechos Humanos se produce semanas después de que los miembros del Mercosur dieran un ultimátum a las autoridades venezolanas y les advirtieran que si en diciembre no ajustaban su legislación a las normas del bloque, el país sería suspendido del mismo.
