Mayo 12 ,2017.- Las calles de Carabobo son cada vez más inseguras. “Ahora hay que cuidarse de policías y guardias nacionales”, reflexionó un joven al salir del destacamento de la GNB donde estuvo detenido durante más de seis horas y cuya identidad pidió mantener en reserva. Estuvo a una decisión de ser incluido en las estadísticas de presentados ante el tribunal militar que desde hace una semana imputa a civiles que protestan o caminan en cualquier zona de la entidad. Él fue liberado, tras vivir una tarde llena de insultos, amenazas e incertidumbre.
La manifestación de este miércoles, 10 de mayo, ya había terminado. “Me estaba montando en la cabina de una camioneta con un grupo de muchachos para irnos del lugar”. Se encontraban en el Distribuidor El Trigal en la Autopista del Este, cuando un contingente de la GNB llegó con gritos. “Nos pedían que nos bajáramos”. Se resistieron hasta que se escuchó un disparo de perdigón que impactó en el bolso del joven.
En ese momento comenzó su experiencia con el Plan Zamora, activado en Carabobo la tarde del 3 de mayo. Fue una decisión con efectos que se sintieron rápidamente. Más temprano, ese mismo día, la orden ya estaba dada. Dirigentes opositores junto a la sociedad civil intentaron cumplir con la agenda de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de marchar hacia un destino sorpresa. Pero apenas comenzó la movilización, la arremetida de funcionarios de la GNB fue violenta. Al día siguiente iniciaron las detenciones arbitrarias con un proceso enmarcado en lo que ha sido llamado “justicia militar”.
Pero no hay que estar en una manifestación para correr el riesgo de enfrentarse a un juez uniformado de camuflaje. En las calles de urbanizaciones donde se activan con frecuencia las protestas contra el Gobierno, se instalan de manera sorpresiva e improvisada alcabalas de diferentes cuerpos de seguridad del Estado, que se dedican a revisar vehículos y bolsos de peatones. Les quitan sus celulares y le hacen una exhaustiva investigación. Si se consigue un mensaje que a su juicio “incite a la rebelión” la detención se hace efectiva.
A Marlene González le pasó. Ella caminaba por el Distribuidor El Trigal para ir a la oficina cuando dos motorizados de la GNB le pidieron ver su cartera, revisaron el teléfono por cinco minutos y se lo devolvieron. “Yo antes de salir de mi casa borro todos los mensajes y vacío los chats”. La situación se repite en calles de Tazajal, Prebo, El Viñedo, Mañongo y San Diego de la Gran Valencia.
Los resultados en números indican que en Carabobo 144 civiles han sido presentados ante la juez sexto de control del circuito penal castrense del estado, Luz Santafé. 61,11% de los imputados (88 personas) han recibido privativa de libertad y se les ha fijado la cárcel 26 de Julio, en Guárico, como centro de reclusión, de acuerdo con los reportes del Foro Penal.
Cuando el grupo fue bajado de la cabina de la camioneta en El Trigal, la tarde del miércoles 10 de mayo, fueron violentamente obligados a sentarse en el asfalto. Desde ahí podían ver cómo los uniformados sacaban a la fuerza a familias enteras de sus vehículos. Se trataba de personas que solo pasaban por el lugar y fueron sumados al operativo que en total contabilizó 35 detenciones. Con insistentes empujones los montaron en un autobús sin identificación. Y de ahí fueron llevados a Ciudad Chávez, donde funciona el Destacamento del Sur (Desur) de Valencia de la GNB.
Ahí, en un pequeño cuarto comenzó la arremetida psicológica. “Eso fue terrible”, expresó una muchacha tras ser liberada, y cuyo nombre se mantiene en reserva. Lloraba y temblaba al mismo tiempo, mientras le daba su teléfono a su mamá, “no lo quiero, me lo revisaron y no se si le instalaron algo para vigilarme. Mejor bótalo”.
La incertidumbre impera cuando se está detenido en ese sitio. “Primero entró un militar, armado y vestido de campaña. Nos dijo que era un fiscal y que se nos abriría un expediente para que en 48 horas nos imputaran los cargos de rebelión y vilipendio a la Fuerza Armada”, relató la joven. Después, otro funcionario les dijo que serían liberados, y así fue. Una situación similar se vivió 24 horas antes, cuando 14 jóvenes fueron aprehendidos por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) mientras protestaban en Naguanagua.
Se trata de lo que el diputado de la Asamblea Nacional (AN), Ángel Álvarez Gil, definió como la intensificación del Plan Zamora durante las últimas 48 horas en la región, con persecuciones descontroladas. “Las autoridades dicen que son medidas de revisión de documentos y expedientes y después de un rato los liberan. Pero en realidad es un proceso de intimidación. Intenta sembrar miedo en la sociedad para que se deje a un lado las protestas”.
Para el parlamentario, el Gobierno no tiene cómo justificar que se lleven familias enteras para Ciudad Chávez a presentarlos. “Eso nos dice que la policía, el Sebin y la GNB, se han desnaturalizado y desfigurado”. Mientras que Rubén Limas, secretario general de Acción Democrática en la entidad, está convencido que se trata de un plan bien orquestado para desmovilizar a la sociedad. “Es un sistema de miedo y terror para el que se tomó como modelo a Carabobo”.
En Carabobo hay temor de salir a la calle por las detenciones arbitrarias del Plan Zamora
