Mayo 25, 2017.- Según análisis publicado por el Observatorio Venezolano de Justicia, la eficacia de la gestión de la Defensoría del Pueblo está empañada por la falta de claridad a la hora de informar sobre su trabajo, lo que se hace más palpable cuando se intenta evaluar su desempeño sobre la base de las denuncias ingresadas y las que son atendidas.
El documento señala que a partir de la degradación que la ONU ejecutó contra la Defensoría del Pueblo de Venezuela y, ante la actitud cómplice del defensor del Pueblo frente a la creciente represión gubernamental respecto de las protestas de abril de 2017, resulta pertinente examinar el desempeño de tan importante órgano público.
Destaca el análisis que la primera irregularidad que se observa, “es que en un Estado de derecho, todos los entes públicos deberían ser transparentes, sobre todo el de un organismo como la Defensoría del Pueblo en su condición de garante de los derechos humanos”.
Al revisar la gestión de la Defensoría del Pueblo, se evidencia la falta de sistematización al procesar los casos, pues engloban como materias varias la mayoría de las denuncias (62,2% en 2014), lo que implica que la calidad de la información está evidentemente comprometida: no es posible saber de qué se tratan seis de cada diez denuncias realizadas en los últimos dos años.
Esta situación es la que probablemente trae como consecuencia que el patrón de denuncias recibidas por la Defensoría ha tenido una tendencia a la baja desde el 2002, cuando se registraron 60.037 casos. Tras un valor mínimo en 2009 (26.218) hubo una leve recuperación que, en 2012 vuelve a descender ligeramente y en 2015 aumentó a 39.418 denuncias. Además, desde el 2009, menos de un tercio de las denuncias llegan a tramitarse formalmente, lo que demuestra su baja capacidad de respuesta.
El balance general del período es una caída en la demanda del servicio, que bien podría estar asociada a problemas de credibilidad de la institución, así como a la disminución de su eficiencia en la atención de las denuncias recibidas, quizás asociada a la importante reducción de su presupuesto.
La investigación detalla que la asignación de recursos a la institución ha sido cada vez menor a partir de 2001 por virtud de la ley de presupuesto. Sin embargo, esta reducción se ha compensado con créditos adicionales y rectificaciones, aunque en 2015 no se aprobó crédito alguno y la Defensoría pasó a disponer de apenas una quinta parte de los recursos con los que contaba en 2001, llegando a representar el 0,00001% del presupuesto nacional, que es un décimo del valor observado en 2002.
La Defensoría del Pueblo fue creada por la Constitución de 1999 para la defensa de los derechos humanos de los venezolanos y la vigilancia de la calidad de los servicios públicos del país. Es a partir de estas consideraciones que Acceso a la Justicia presenta el estudio de desempeño, sobre la base de las cifras oficiales desde el 2001 hasta el 2015.
Acceso a la Justicia afirma que aunque en la página web de la Defensoría del Pueblo están publicados los informes anuales de la institución, faltan informaciones importantes, como el número total de defensores y, en lo que respecta a la información presupuestaria, todo está disponible en las leyes de presupuesto, los créditos adicionales y las rectificaciones.
El trabajo de investigación revela que la política del Estado de no asignar recursos suficientes a organismos como estos, que son fundamentales para la defensa del ciudadano y de los derechos humanos, así como, la poca transparencia de la Defensoría del Pueblo en cuanto a la información sobre su desempeño, a pesar de estar obligada a rendir cuentas, como todo organismo público en un Estado de derecho y en una democracia
