Junio 06, 2017.- Al Internado Judicial La Pica (Monagas) enviaron a 7 jóvenes neoespartanos. Forman parte de los 197 civiles privados de libertad por decisión de tribunales militares en todo el país. Aunque la Fiscal General de la República mencionó el caso en su última rueda de prensa, esa detención no es un hecho aislado: el Foro Penal Venezolano registra 363 ciudadanos presentados ante estos tribunales. Familiares y abogados de los margariteños contaron la historia a Runrun.es
Familiares y amigos de Enzo Mendoza Zabal, de 20 años de edad, recibieron una nota escrita por él en un pedazo de papel: “Hermano, todo bien, gracias a Dios. Gracias por el apoyo de todos. Nada de esto será en vano. Tenganme siempre presente y ayuden a mi mamá en cualquier cosa. Se les quiere mucho y recuerden: ¡La Resistencia Sigue!”. Su autor agrega una dirección desde la que seguramente nunca pensó que enviaría una comunicación: “La Pica, Maturín, estado Monagas”.
Enzo es uno de los siete neoespartanos trasladados el 20 de mayo de 2017 al recinto carcelario por orden del Tribunal Militar del estado Anzoátegui. El grupo completo lo conforman: Franklin Rojas, de 25 años; Jorge Cedeño, de 21 años; José Antonio Romero, de 20 años; Cruz Esteban Montes, 20 años; Frain Flores, de 22 años y Asdrúbal Rodríguez, de 18 años.
Tatiana Aguilar, abogada miembro de las ONG Nueva Esparta en Movimiento y Foro Penal Venezolano, confirma que los cargos que les imputaron son: agresión al centinela y destrucción de propiedad militar. Según el tribunal, los siete muchachos estarían presuntamente vinculados con la quema de un convoy de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) durante la jornada de protesta del lunes 15 de mayo realizada en la isla de Margarita.
Testigos, familiares y el equipo defensor aseguran que los jóvenes no tienen nada que ver con los delitos que les imputan. “Algunos de ellos fueron sacados de sus viviendas, ni siquiera participaron en la protesta. Simplemente querían llevarse a alguien y eso se nota por la ubicación de las detenciones. Unas fueron en Villa Tinajero y otras en la Av. Juan Bautista Arismendi. Se trata de jóvenes que estudian y trabajan, no son ningunos vagos sino personas que les fueron arrebatadas a sus familias. Tres de ellos tienen hijos menores, incluido un bebé de tres meses”, describe Aguilar.
“Se llevaron a los más humildes. Los padres de uno son pescadores, la mamá de otro pila maíz y de eso viven. Hay un video de cuando se llevaron a su hijo: lo montaron en una moto, él se lanzó de la misma y la mamá lo protegió con su cuerpo, igual se lo llevaron. Otros dos chicos jugaban nintendo en su casa y se los llevaron de la sala”, relató un allegado a los detenidos que pidió mantener su nombre en resguardo.
El jueves 01 de junio, familiares de los siete detenidos acudieron a la sede de la Zona de Defensa Integral de Nueva Esparta (Zodine), ubicada en Pampatar, para interceder por los jóvenes. “El Almirante Alfredo Pulido nos escuchó pero dijo que él no podía hacer nada por los siete detenidos, que eso no le correspondía a él. Unas de las madres le pidió que por favor hiciera algo, que intentar hacer algo por ellos, que con una llamada se podía ayudar pero respondió que él solo seguía órdenes”, relatan allegados a los detenidos.
Ignoraron a la Fiscalía y fueron directo a jurisdicción militar
De las protestas del 15 de mayo resultaron detenidas 28 personas a quienes trasladaron al Destacamento de la Guardia Nacional en Los Cocos, entre ellas había cinco menores de edad. De ese grupo, 14 fueron enviados a jurisdicción militar
“En ningún momento los detenidos vieron a familiares, ni abogados, nosotros tuvimos acceso a ellos en la sala de audiencia. Hasta ese momento no sabíamos ni siquiera cuántos eran y quiénes estaban detenidos. Esa es una violación a la Constitución que garantiza el acceso a la asistencia jurídica desde el inicio del proceso. Es tan dramático que uno de los detenidos no tiene familia en Margarita y nadie sabía que estaba ahí”, apunta Aguilar.
La abogada explica que tras las detenciones se realizaron dos procedimientos distintos, uno para los aprehendidos en la zona de La Auyama (municipio Maneiro) y otro para los de la Av. Juan Bautista Arismendi (municipio homónimo).
“A los cinco menores de edad detenidos en el primer procedimiento se les dio libertad plena. Otros seis obtuvieron medidas cautelares sustitutivas de privativa de libertad, con presentación cada ocho días. Dos detenidos, un hombre y una mujer, quedaron en libertad en virtud de las lesiones graves que presentaron (desprendimiento del tímpano y heridas de perdigón que se infectaron). Se estableció fianza para los casos restantes y se consignaron los recaudos”, apunta Aguilar.
Los abogados aseguran que a las pocas horas de las detenciones, las autoridades ya habían notificado al fiscal militar del estado Nueva Esparta. La quema del convoy de la GNB fue la excusa para someterlos a la jurisdicción militar en lugar de la civil.
“No hubo ninguna individualización de la acción, de hecho, ninguno de los detenidos tiene nada que ver con ese suceso. A medianoche, 13 de 14 detenidos fueron trasladados del Destacamento de Los Cocos hacia Barcelona, estado Anzoátegui, pues allá están los tribunales militares. Si nosotros no nos movemos rápido y salimos de madrugada les habrían asignado defensores públicos, también militares, violando el derecho que tienen los ciudadanos de escoger a sus defensores”, narra Aguilar.
La defensa confirmó que la Fiscalía ha hecho las diligencias correspondientes solicitando la jurisdicción de la causa, sin embargo, la petición ha sido ignorada por el tribunal militar. Los familiares introdujeron un recurso de amparo que tampoco procedió. El Ministerio Público está al tanto de la violación de los derechos procesales y la propia Fiscal General de la República se refirió al caso de Margarita, asegurando que los tribunales militares no tienen competencia para conocer esta causa.
Tanto los defensores como los familiares afirman que la cantidad de golpes y lesiones que tienen los muchachos son numerosas y de gravedad considerable. Domingo García, también imputado por la quema del convoy, no pudo ser trasladado a tribunales junto al resto de los detenidos pues se encontraba hospitalizado debido a las lesiones que recibió por parte de los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana: un disparo en una pierna y tres dedos de la mano fracturados.
