Junio 27, 2017.- Salen como si estuvieran listos para una guerra: chalecos antibalas, cascos y máscaras antigases. En el marco de estas protestas, alrededor de 370 profesionales de la prensa han sido agredidos. A pesar de los ataques continúan informando. Abogan por el cese de estas acciones
Era 31 de marzo, la tensión política en el país comenzaba a caldearse tras las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en las que usurpaba las funciones de la Asamblea Nacional. Ese mismo día, la sede del Poder Judicial era centro de dos noticias: la protesta de un grupo de estudiantes en contra de las recientes decisiones y una conferencia de prensa que ofrecería la canciller Delcy Rodríguez para respaldar las decisiones del Supremo.
En medio de gritos y consignas, los jóvenes se enfrentaban a los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes en instantes apartaron al grupo hacia el otro lado de la calle. Casi de inmediato, aparecieron grupos de civiles armados, autodenominados como colectivos. Amenazaron a los estudiantes y también a profesionales de la comunicación que hacían cobertura del hecho, al final de la avenida Baralt.
Una de ellas fue Elyangelica González, periodista venezolana que actualmente trabaja como corresponsal de Univisión y Radio Caracol. Se encontraba en el sitio registrando la manifestación cuando fue amenazada por un hombre armado que le insistía para que guardara su teléfono.
La comunicadora cumplió la orden y se dirigió hasta la puerta principal del TSJ para resguardarse. No sin antes notificarle a un efectivo que se encontraba cerca la presencia de personas armadas en el sitio. Segundos después, dos oficiales mujeres intentaron agredirla pero otro efectivo lo evitó.
Mientras esperaba para entrar a la otra pauta, uno de los medios para el que labora, Caracol Radio, le dio un contacto para que informara cual era la situación en el sitio. La periodista cumplió con su labor mientras un efectivo de seguridad se percató de la situación y ordenó a una de las féminas que le quitara el teléfono.
González no cumplió la orden. Segundos más tarde, en medio de insultos, la mujer la tomó del cabello y la arrojó al piso. Destruyó uno de sus teléfonos celulares. “Yo les decía que era periodista y ellos me contestaban ‘me sabe a mierda quién eres”.
La escena, suficientemente dantesca, se agravó luego de que, entre golpes y patadas, alrededor de 12 oficiales de la GNB la arrastraran por el suelo hacia una jardinería paralela a las afueras del TSJ. “Eso es lo que tú querías”, decían los efectivos, en una especie de justificativo ante una agresión que, sin saberlo, quedaría registrada y sería divulgada en las redes sociales horas más tarde.
El ataque no quedó ahí, a González la mantuvieron retenida por más de media hora sin explicación, solo un funcionario le dijo “porque me da la gana” como razón para manatenerla en el lugar. Fue una periodista de Telesur que al pasar reconoció a la comunicadora y pidió que la dejaran en libertad. Los guardias accedieron y González salió del sitio.
Ese hecho, sin saberlo, marcó el inicio de una escalada de agresiones contra profesionales de la prensa casi a la par de las protestas que se efectúan desde ese entonces en contra del gobierno. Golpes, impactos de bombas lacrimógenas, hostigamiento y robo son algunos de los ataques sufridos por los periodistas en estos tres meses, en los que informar se ha convertido en una tarea titánica y mucho más riesgosa de lo que parece a simple vista.
Efectivos de seguridad, los principales agresores
Salen como si estuvieran listos para una guerra: chalecos antibalas, cascos y máscaras antigás. Aunque al inicio podría ser exagerado, si de algo están conscientes es que ante esta ola de manifestaciones, la prensa no es inmune a los ataques.
Según cifras del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), desde el 31 de abril hasta el 24 de junio, se han registrado 376 casos de agresiones a trabajadores de la comunicación (periodistas, reporteros gráficos, camarógrafos, transporte). Los efectivos de seguridad son responsables de 170 de estos ataques.
Durante estas coberturas, el sindicato también registró un total de 33 detenciones ilegales a comunicadores.
La ONG Espacio Público maneja, solo entre abril y mayo, unas 278 violaciones a los derechos de los periodistas. Coincide con el SNTP en que los principales victimarios son los efectivos de la GNB y Policía Nacional Bolivariana (PNB) con 43% del total de los registros. Otro de los agresores comunes son los grupos civiles armados.
Justo ese fue el caso de Raylí Luján, periodista de El Nuevo País, quien fue golpeada durante la cobertura de una protesta de estudiantes de bachillerato en la avenida Lecuna, el pasado 22 de mayo.
La comunicadora se disponía a registrar en su teléfono que la protesta fue reprimida, cuando una mujer gritó a los colectivos que se encontraban en la zona, para que la despojaran del aparato. La comunicadora se negó. No obedecer le costó un fuerte golpe en el rostro, patadas y golpes por parte de estos grupos abiertamente afectos al oficialismo.
“Uno me agarró por la muñeca y me llevaban arrastrada por toda la avenida Lecuna. Nos dejaron en una calle cerca y nos dijeron: ‘Agradezcan que los agarramos nosotros y no otros, porque los desaparecen”.
El caso de la comunicadora no es el único. Según Espacio Público, los grupos colectivos son los segundos agresores más frecuentes. Suelen operar con más reiteración en las manifestaciones que se registran en el oeste de la ciudad.
Antes del inicio de estas protestas, Espacio Público manejaba 70 casos de agresiones a periodistas entre enero y marzo de 2017. La cifra se ha elevado drásticamente en los últimos meses, donde 70% de los casos registrados durante el año se concentran solo entre abril y mayo.
Los robos a los profesionales de la comunicación también se han incrementado. En el contexto de las protestas, unos 38 periodistas han sido despojados de sus equipos de trabajo, una manera de impedir la cobertura de los hechos.
Otra de las agresiones comunes ha sido por impacto de bomba lacrimógena. Espacio Público contabiliza unos 20 comunicadores agredidos por estos artefactos en las manifestaciones. Román Camacho, reportero gráfico, sufrió esta agresión por parte de efectivos de seguridad durante una manifestación el 10 de abril.
Sufrió fractura de la tibia. Fue operado el 28 de abril y aún continúa de reposo. “Me operaron, me colocaron una placa con ocho tornillos. Necesitaba unas 12 semanas de reposo”.
El Nacional no escapa de los ataques
Durante la cobertura de esta ola de protestas, cinco periodistas de El Nacional han resultado agredidos. Dos de ellos por el impacto de una bomba lacrimógena. En ambos casos se requirieron puntos de sutura.
“Buscan lesionarnos para sacarnos de la calle”
Los comunicadores agredidos en las manifestaciones continúan haciendo cobertura a pesar de las restricciones y los ataques que sufren por transmitir información.
“Lo que espera todo el gremio es que estas agresiones cesen de parte y parte, no solo de grupos radicales del oficialismo, también de los opositores, porque se ha visto que esto se ha incrementado”, sugiere Rayli Luján.
“Después de la agresión volví a la calle (…) Incluso con collarín, volví a la calle de inmediato. Nosotros como periodistas tenemos una gran responsabilidad en este momento y callar no es una opción (…) El periodismo en Venezuela atraviesa una de sus etapas más importantes, y amerita no sólo pasión, sino suprema responsabilidad y altura”, afirma Elyangelica González.
A su juicio, la única intención es la de bloquear todo lo que está sucediendo en el país para que la única información que se transmita sea la que emite el gobierno nacional. En este punto coincide Román Camacho.
“No han disminuido porque se está haciendo el trabajo, se está mostrando lo represivo que puede ser este gobierno. Se busca lesionarnos para sacarnos de la calle. Ellos no aceptan críticas, quieren vivir con su realidad y quieren que todos nos apliquemos a sus sistema de gobierno. Pero creo que la libertad de expresión es más fuerte que eso”, refiere.
Ante esto, Espacio Público reitera el llamado a respetar las garantías del trabajo periodístico. Sostiene que con estos ataques también se vulnera a toda la sociedad y su derecho de acceder a la información.
“No son suficientes las resoluciones o los llamados que de alguna manera no pasan a acciones concretas, Es necesario evitar el discurso hostil por parte del Ejecutivo porque tiene las consecuencias en personas que ejecutan acciones violentas contra los periodistas. El discurso alienta este tipo de acciones”, puntualiza la ONG.
Medidas sin efecto
El pasado 18 de mayo, el Ministerio Público solicitó una medida de protección para periodistas durante la cobertura de las manifestaciones que se efectúan en el país, esto en respuesta a la petición que hiciera el Sindicato de Trabajadores de la Prensa, mientras que el Tribunal Supremo de Justicia acordó nuevas medidas precautelativas para la protección del ejercicio del periodismo.
Un día después, el segundo comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), General de División Giuseppe Cacioppo, advirtió que ningún efectivo de seguridad de la guardia “debe estar atentando contra los periodistas”.
“Nosotros en la calle trabajamos en el restablecimiento de orden público, nosotros no ponemos a ninguna persona a estar robándole un teléfono, una cámara y mucho menos a un periodista, porque el periodista ¿qué está haciendo?, tomando las imágenes en el momento que están ocurriendo los hechos (…) Entonces, nosotros no podemos, la Guardia Nacional no debe estar atentando contra los periodistas y contra nadie, pero menos, contra los periodistas. Y voy a tomar acciones”, refirió Cacioppo durante una reunión que sostuvo con representantes del SNTP.
A pesar de las medidas, las agresiones no han cesado, los comunicadores continúan siendo objeto de agresiones en su labor de informar y transmitir a la población lo que ocurre en el país. El gremio aún espera que se acaten las medidas y cese la violencia. Hasta ahora, solo se intensifican.
