Junio 22, 2017.- Durmiendo en el piso, con la cabeza rapada y un uniforme amarillo. Así mantienen a los 30 jóvenes de Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar detenidos en protestas que fueron enviados a la cárcel de El Dorado, en el municipio Sifontes del estado Bolívar.
Ibelice Granadillo, madre de uno de los 19 muchachos de Ciudad Bolívar que fueron trasladados para el penal, lo confirmó. “Hace ratico recibí una llamada de mi hijo y me dijo que les cortaron el cabello, los tienen vestidos de amarillo, durmiendo en el piso… Me pidió si podía llevarle colchonetas para dormir”.
Su hijo es Daniel José Headly, de 22 años, estudiante de Contaduría Pública en la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG) en Ciudad Bolívar. Fue detenido por la Policía del estado Bolívar (PEB) el pasado 14 de junio, al culminar la Gran marcha estudiantil de ese día.
La PEB le involucró en los daños que sufrió el Centro de Coordinación Policial (CCP) Vista Hermosa y, aunque el Ministerio Público solicitó la libertad para todos los apresados, el Tribunal 3º de Control, a cargo del juez Homero Lugo, ordenó privativa de libertad y reclusión El Dorado durante su audiencia, celebrada el 16 de junio.
Desde ese entonces, Granadillo no ha podido ver a su hijo. “Los guardias nos engañaron. Nos dijeron que los iban a llevar a la comandancia (general de la PEB)”, pero luego “no nos dieron derecho a verlos y abrazarlos”, antes de su traslado a El Dorado.
La audiencia de Headly culminó casi a las 8:00 de la noche del viernes, por lo que los padres y familiares pensaron que podrían verles al día siguiente. Sin embargo, Granadillo recibió la llamada de su hijo el sábado 17 de junio, cuando le avisó que ya a las 8:00 de la mañana de ese día estaban todos en El Dorado.
Aislados
El alcalde de Sifontes, Carlos Chancellor, afirmó el martes que los muchachos están internados en el ala llamada La Máxima: una parte rodeada de muros altos y con techo de platabanda, diseñada para internar a reos de alta peligrosidad. La misma fue evacuada hace un tiempo y allí solamente están internos los 30 estudiantes, quienes duermen en el suelo.
El director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado, dijo en entrevista a Unión Radio que los apresados están “en un área que ni siquiera tiene agua potable. Están en una situación grave, sin baños”.
Según Prado, reos del área llamada El Comando expresaron su rechazo a la estancia de los estudiantes en El Dorado.
El padre de uno de los afectados, que acompañó a Granadillo y al resto de allegados que viajaron ayer, reveló entre lágrimas que “en la propia alcabala de la cárcel nos dijeron que no podemos pasar por la carretera, porque es solo para vehículos oficiales. Nos dicen que debemos montarnos en una curiara para atravesar el río y llegar hasta allá. Esto es un ensañamiento”.
Chancellor informó posteriormente en una entrevista que el grupo de parientes no logró el cometido. Una vez en el puerto de El Dorado, ningún facilitador de traslados en curiara quiso abordar a los allegados, “posiblemente por una orden de la misma Guardia Nacional, porque el paso por el río está normal, como siempre”.
“Vinieron en cola, con un amigo suyo que los trajo en una camioneta Samurai. Tuvimos que auxiliarlos con alojamiento y comida porque no son personas pudientes y no tenían recursos, y encima el Gobierno les hace esto. ¿Eso es democracia?”, cuestionó.
El alcalde de Sifontes explicó que la cárcel de El Dorado tiene un único acceso por tierra, pero la GNB asegura que cuando se trata de familiares de los reos les toca trasladarse vía fluvial, cruzando el río Cuyuní, hasta llegar al penal que se localiza a orillas de este caudal, en todo el frente del pueblo de El Dorado.
“Es inhumano que, aparte de haber mandado a estos muchachos injustamente para allá, a los familiares les hagan pasar por esta humillación. Son sus hijos. La angustia de tenerlos en una cárcel como El Dorado debe ser muy grande”, fustigó Chancellor. “De la carretera a la cárcel no pasan ni tres minutos, es una trocha asfaltada, ¿por qué los van a someter a pasar por un río crecido con el riesgo de que haya un accidente?”.
Ibelice Granadillo lamentó la situación. “Es algo injusto, no me esperaba esto, lo veo y no lo creo, hasta cuándo tanta maldad hacia el pueblo y los estudiantes. Estamos viviendo una dictadura y por eso hago una reflexión a las personas para que salgan a luchar por nuestra patria, a reclamar nuestros derechos”.
¿Qué es El Dorado?
El centro penitenciario El Dorado está a orillas del río Cuyuní, y comenzó a funcionar en 1944 como una colonia de trabajo forzado. Cerrada en la década de los años 70, comenzó a funcionar nuevamente en el gobierno de Luis Herrera Campins, reseñó el portal oficial de noticias AVN.
Según el OVP, actualmente la cárcel de El Dorado tiene un hacinamiento de reclusos del 210 por ciento. Reos de entre 18 y 30 años conforman el 73% de la población de privados de libertad allí internos.
Es un penal reservado para privados de libertad que ya han sido condenados. Los 30 jóvenes detenidos en protestas (11 de Puerto Ordaz y 19 de Ciudad Bolívar) apenas están comenzando su proceso judicial, pues apenas finalizaron sus audiencias de presentación.
Tanto en la audiencia de Puerto Ordaz como de Ciudad Bolívar, el Ministerio Público (MP) pidió libertad bajo régimen de presentación y fiadores, pero los jueces Carlos Oronoz (1º de Control) y Homero Lugo (3º de Control), decidieron unilateralmente imputar delitos extra y otorgarles privativa de libertad, ordenando centro de reclusión El Dorado. Esto, en flagrante violación al debido proceso, consagrado en el artículo 49 de la Constitución nacional.
“Mandarles para allá y ponerles ese uniforme, como si fueran condenados, es un ensañamiento para afectarlos psicológicamente”, consideró el alcalde del municipio Sifontes, Carlos Chancellor, explicando que la única razón para privar a alguien en una audiencia preliminar es el riesgo de fuga. Sin embargo, esto no implica que los muchachos estén aislados en la cárcel más recóndita del país.
La agonía no termina. Los días de visita son los viernes, sábados y domingos, pero el padre que conversó con Correo del Caroní expresó que temen que no les dejen entrar a ver a sus hijos este fin de semana, pues presuntamente hay una regla interna que se aplica a los nuevos ingresos a El Dorado, que consiste en no permitirles visitas durante un mes.
30 estudiantes están sometidos a este trato cruel, pese a no haber sido condenados aún y gracias a arbitrariedades que jueces del estado Bolívar cometieron, al usurpar funciones del MP. El Foro Penal Venezolano adelanta un informe para denunciar a estos magistrados.
Estas acciones cometidas por la GNB en El Dorado son violatorias de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. Una norma que define en su artículo 5 los siguientes términos:
“Trato cruel: son actos bajo los cuales se agrede o maltrata intencionalmente a una persona, sometida o no a privación de libertad, con la finalidad de castigar o quebrantar la resistencia física o moral de esta, generando sufrimiento o daño físico”.
“Trato inhumano o degradante: son actos bajo los cuales se agrede psicológicamente a otra persona, sometida o no a privación de libertad, ocasionándole temor, angustia, humillación; o un grave ataque contra su dignidad, con la finalidad de castigar o quebrantar su voluntad o resistencia moral”.
Además, tales prácticas constituyen, a su vez, una violación a la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas, cuyo artículo 2 reza que “todo acto de tortura u otro trato o pena cruel, inhumano o degradante constituye una ofensa a la dignidad humana y será condenado como violación de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos”.
