En el foro se congregaron activistas por los DD HH y ciudadanos, en el Hotel RasilFotos William Urdaneta Fotos William Urdaneta

Agosto 20, 2017.- “Los patrones de violaciones de Derechos Humanos son coherentes en todo el país, lo cual evidencia que no son casos aislados de funcionarios sino que obedecen a una política de Estado”, concluye el coordinador de la organización no gubernamental (ONG) Acceso a la Justicia, Alí Daniels.

Daniels junto a Laura Louza, directora de la ONG, visitaron este viernes Puerto Ordaz para traer el Foro Hablemos de Derechos Humanos: Guayana en Contexto, como parte del recorrido que hace Acceso a la Justicia para conocer la realidad de cada ciudad venezolana en tiempos de censura, represión y crisis humanitaria.

Puerto Ordaz le sigue a Mérida, Barquisimeto y Maracaibo, ciudades en las que han constatado que la crisis humanitaria y el flagelo de la represión contra protestas opositoras son el denominador común de la gestión que encabeza Nicolás Maduro en el Ejecutivo.

El foro realizado este viernes en el Hotel Rasil se ejecutó en alianza con la ONG local Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), y mostró un panorama regional en el que involucran la salud, la desnutrición infantil, la violencia urbana y la situación carcelaria, y la represión contra zonas residenciales.

Cerró con las ponencias de Louza y Daniels, sobre las serias grietas que hay en el sistema de justicia venezolano, caracterizado por tener una impunidad del 91%, según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). 

Tribunales amañados

Laura Louza: “De los casos que reporta la Policía al Ministerio Público, solo 14% son llevados a tribunales, y de esos, solo el 11% son sentenciados. Eso va sumando y te da la gran impunidad que hay en Venezuela”.

Acceso a la Justicia se dedica a analizar todo lo involucrado con el sistema venezolano de justicia, tanto la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Entre los principales problemas de Venezuela está la poca credibilidad que tienen las instituciones. Louza recordó que el 70% de los casos violentos no son denunciados ante la Policía, lo cual sobrepasa el promedio latinoamericano de esta omisión, que se ubica en 45%.

Para ilustrar mejor el porqué de la desconfianza, “de los casos que reporta la Policía al Ministerio Público (MP), solo 14% son llevados a tribunales, y de esos, solo el 11% son sentenciados. Eso va sumando y te da la gran impunidad que hay en Venezuela”.

Alí Daniels: “Los patrones de violaciones de derechos humanos son coherentes en todo el país, lo cual evidencia que no son casos aislados de funcionarios sino que obedecen a una política de Estado”.

Louza añadió, además, que los tribunales penales “son los menos eficientes del país”, en cuanto a emisión de condenas.

Pero en cuanto a represión y persecución política se trata, la justicia es expedita. Alí Daniels, coordinador de Acceso a la Justicia, expuso que los jueces de los tribunales militares venezolanos son designados directamente por el Ministerio de Defensa, cuando constitucionalmente es una competencia directa del TSJ.

“Ahí te das cuenta por qué, en ciertos casos de la represión, se está utilizando la justicia militar: porque se sabe que sobre ese medio se tiene todo el control”, continuó.

Civiles venezolanos han sido juzgados en tribunales militares en Nueva Esparta y Aragua, entre otros, solo por haber sido detenidos en protestas en contra de Maduro.

Cifras alarmantes

El Estado ha buscado esconder la impunidad a través del ocultamiento de cifras oficiales del sistema de justicia, oscurantismo que se extiende, prácticamente, a todas las instituciones gubernamentales.

Costa Rica es un país con 23 homicidios por cada 100 mil habitantes. Su índice es de 400 privados de libertad por cada 100 mil habitantes. El contraste con Venezuela, uno de los países con mayor índice de criminalidad en el continente, es grande. Con 90 homicidios por cada 100 mil habitantes, según el OVV, solo hay 181 privados de libertad por cada 100 mil habitantes. “La impunidad es enorme”, exclamó Louza.

El ocultamiento solo ha servido para demostrar la incompetencia del Estado en manejar el país. Las cifras que por esfuerzos independientes terminan saliendo a la luz no son alentadoras. La falta de políticas para corregirlas, todavía menos alentadoras.

El deterioro del sistema de justicia venezolano viene dado, además, por un recorte presupuestario que le asigna solo el 1,6% del presupuesto nacional, cuando constitucionalmente debe ser el 2%. “Es decir, todo esto es la causa de la delincuencia que todos estamos viendo en todo el país”, concluyó la directora de Acceso a la Justicia.

Crisis humanitaria local

El doctor César Dommar abrió el foro y ofreció un resumen del panorama sanitario del estado Bolívar, que concentra un aumento generalizado de la morbi-mortalidad por falta de medicamentos, repunte histórico del paludismo y muertes por la misma carestía farmacológica, más reaparición de enfermedades erradicadas como la difteria.

Victoria Martínez, periodista egresada de la UCAB Guayana, expuso su tesis de grado: “Linchamientos, la otra cara de la injusticia”, sobre los 23 casos documentados de este tipo de delito durante 2016 entre Puerto Ordaz y San Félix, cuando la ira colectiva se cobra la vida de un delincuente, y lo que ello demuestra: una creciente cultura de violencia que se ve reflejada en que Ciudad Guayana se ubicó el año pasado “como la octava ciudad más violenta del mundo”.

Oriana Villarroel, otra ucabista que expuso su tesis, complementó el panorama local con otra violación a los derechos humanos: la poca garantía a una alimentación balanceada. De acuerdo con su investigación, que contuvo datos obtenidos en el Distrito Sanitario, solo San Félix concentra 14% de desnutrición, entre leve, moderada y crítica, “lo cual supera el umbral de 10% que establece la Organización Mundial de la Salud para establecer alarma” humanitaria.

Correo del Caroní documentó 24 casos de muerte por desnutrición infantil ocurridos en el pediátrico Menca de Leoni, entre enero y junio de 2017.

Un retén judicial dominado por los reclusos, que cobran a las familias vacunas de mínimo 10 mil bolívares semanales para proteger a sus allegados de cualquier maltrato dentro de los calabozos, fue el panorama que expuso Rosany Mattei, ucabista, en cuanto al centro de coordinación policial (CCP) Guaiparo, en el que hay hacinamiento de reclusos y al que enviaron 15 de los estudiantes detenidos en protestas durante 2017.

“Las familias gastan 40 mil bolívares semanales entre pagarles la vacuna y la comida, pero nunca tratan con los funcionarios… siempre es con el pran”, reveló la investigación de la joven.

La presidenta de Codehciu, Mairis Balza, expuso la crudeza de los vestigios sobre la violencia con la que los cuerpos de seguridad del Estado se han ensañado contra conjuntos residenciales de Puerto Ordaz, durante represiones a manifestaciones de oposición.

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