Agosto 09, 2017.- Juan Carlos Urbina y Nora González, padres respectivos de Juan Jesús Urbina y Noel Jiménez, dos del grupo de 11 estudiantes detenidos el pasado 15 de junio durante la represión a una marcha en Puerto Ordaz, exigen al Tribunal Primero de Control de Ciudad Guayana pronunciarse sobre el decaimiento de la causa, tras haberse cumplido los 45 días para la presentación de los actos conclusivos.
Este lapso se cumplió el pasado miércoles y la Fiscalía no emitió acusación alguna, “lo que demuestra que nuestros hijos son inocentes”, argumentó Urbina. La defensa solicitó el decaimiento de la medida de privativa de libertad que mantiene a los jóvenes recluidos en el Centro de Coordinación Policial de Guaiparo. “Nos preocupa el retardo procesal”, destacó Urbina.
Por otra parte, mencionaron que de los 11 estudiantes privados de libertad, dos recibieron el beneficio de casa por cárcel por problemas de salud, como es el caso de Joinerth Viafara, quien sufre de esquizofrenia, y Julio Otatti, quien presentó problemas metabólicos y de hipertensión.
Del resto, siete están hospitalizados por afecciones médicas, en su mayoría enfermedades respiratorias y uno de ellos con cuadro de dengue. Los afectados son Noel Jiménez, Samuel Petit, Sandino León, Juan Jesús Urbina, Emerson Salazar, Carlos Coa y José Pino, este con paludismo, quien recibió el tratamiento el domingo, traído desde Ciudad Bolívar por el defensor del Pueblo.
Al haber solicitado el derecho a la salud habría dado la orden para ser trasladados al hospital de Guaiparo; sin embargo, por medio del jefe de Seguridad Ciudadana y el director del CCP, lograron que fueran trasladados a clínicas, según el seguro médico y gastos privados de cada uno de ellos.
“El tribunal debe actuar con diligencia. Si los muchachos son inocentes, ¿por qué siguen presos?”, reiteró Urbina, quien denunció que las enfermedades las contrajeron en el sitio de reclusión.
La preocupación por el retardo procesal en el caso de estos jóvenes se incrementa al ver otros casos, como el de otros siete apresados en la urbanización Los Mangos, a quienes el tribunal acordó imponer 10 fiadores de 2 mil unidades tributarias cada uno para otorgar la libertad. Aunque desde hace un mes fueron consignados, solo a uno de ellos se le ha otorgado la libertad.
