Los ajusticiamientos, por
parte de los cuerpos policiales, existen desde
hace mucho tiempo. En la V República, se han
multiplicado. La Fiscalía reporta 3.500
asesinatos
GIULIANA CHIAPPE
FRANCISCO OLIVARES
EL UNIVERSAL
Los asesinos con carnet, como los llamó el mismísimo
Hugo Chávez, tienen rato disparando por allí.
Y los familiares de los muertos también tienen
rato, mucho rato, intentando que se investigue,
que se sancione, que funcione la fiscalía, la
defensoría, la justicia.
Un vistazo a los expedientes archivados en la
Fiscalía General y sus dependencias regionales
o una conversación con el fiscal general, que
los debería conocer; una miradita a cualquiera
de las tantas denuncias que, por prensa de
provincia o nacional, han hecho los dolientes
desde hace años, hubiera bastado para
responderle al Presidente la pregunta que se
hizo el domingo: ¿Desde cuándo estarán
ocurriendo cosas así?
Pues desde hace muchísimo. Desde la IV República,
cómo no, pero infinitamente más en la V República.
Sobre la base de denuncias introducidas ante
distintas instancias, lo que puede dejar por
fuera otros homicidios no reportados, se calcula
que entre 2000 y 2005 han sido ajusticiadas
2.500 personas, aproximadamente. Esto no incluye
enfrentamientos sino sólo ajusticiamientos.
Entre 1994 y 1998, la cifra de asesinatos
extrajudiciales era mucho menor: 126 muertos
entre 1994 y 1995; 146 entre 1995 y 1996; 151
entre 1996 y 1997; y 104 entre 1997 y 1998, para
un total de 527 contra los 2.500 de la V República.
Todas estas cifras pertenecen a la Asociación
Civil Fuerza Integradora, entre cuyos miembros
se cuenta el abogado Alfredo Romero.
En la Fiscalía, las cifras son más
alarmantes, porque incluyen cualquier tipo de
denuncia por muerte debido a excesos policiales.
Sus cuentas hablan de 3550 asesinados.
Con el doloroso asesinato de Erick
Montenegro, Edgar Quintero y Leonardo Hernández,
estudiantes de la Universidad Santa María, en
el barrio Kennedy, sonó el timbrazo que provocó
públicas reacciones políticas, comenzando por
la del Presidente de la República. Esta
atrocidad ocurrió en Caracas, tocó a la clase
media, acabó con jóvenes prometedores. Pero no
es una situación nueva: ocurre a diario, y en
todo el país. De nuevo: existen cerca de 2.500
denuncias por asesinatos extrajudiciales por
parte de los cuerpos de seguridad. El perfil de
los muertos suele ser hombres entre 14 y 25 años;
sin antecedentes; de origen muy humilde, muertos
a punta de numerosos balazos, entre seis y 50.
La característica común es la impunidad para
los asesinos.
Una pistola de tres bocas
Los asesinatos son a sangre fría y los
disparos también parecen congelar a los
organismos que deberían ejercer la defensa y la
justicia del ciudadano.
Los orígenes de la multiplicación de los
ajusticiamientos son tres: el problema político,
el social y el jurídico, según el análisis de
Alfredo Romero.
El político impide que, por intereses
partidistas, se investigue y sancione a los
gobernadores, alcaldes y autoridades bajo cuyas
jurisdicciones ocurren las muertes a mansalva.
El jurídico, con burocracia e intereses, evita
que se procese y sancione a los responsables,
porque la defensoría no presiona, la fiscalía
no investiga, los tribunales no sentencian. El
social es el más complejo, pues comienza
justificando los asesinatos porque asumen que
las víctimas son delincuentes. La sanción
debería venir por la vía judicial. Como no
llega, la sociedad justifica otro tipo de
medidas.
Es entonces cuando la impunidad se arraiga en
los funcionarios armados y ejecutan, a sus
anchas, la pena de muerte. Contra quien sea.
"El policía se convierte en un ser
totalmente autónomo, porque sabe que no le va a
pasar nada", sentencia Romero. Denuncia que
se ha llegado a sospechar que se trata de
operativos para "limpiar" la sociedad:
"La Policía de Anzoátegui, en un barrio,
mató a ocho personas, sin control, incluso a un
niño de ocho años".
Romero advierte que si algo demuestra que
esta arbitraria pena de muerte es un desordenado
proyecto contra la delincuencia, Venezuela puede
ser juzgada en el Tribunal de La Haya por crímenes
de lesa humanidad.
La gran excusa
Aferrándose a la pena de los familiares de
Erick, Edgar y Leonardo, los estudiantes de la
Universidad Santa María, y abanderándose con
las exigencias de justicia que han traído
consigo dolientes de ajusticiados de Aragua, Guárico
y Lara, entre otros estados, el Ejecutivo está
colando su gran proyecto: el de crear una Policía
Nacional, lo que eliminaría todo tipo de cuerpo
policial regional y municipal.
"La ejecución de este proyecto es muy
delicada. La idea puede ser centralizar la
represión en el Poder Ejecutivo",
manifiesta Romero. Sin entrar en discusión
sobre la conveniencia o el perjuicio de mantener
un único cuerpo policial, advierte que la
solución al problema de los abusos mortales por
parte de la policía es entender sus vericuetos
y reestructurar las instancias para que sí
funcionen. "El policía nacional va a ser
el mismo que hoy es el policía regional. Si no
se respetan los derechos humanos y se reduce la
impunidad, el problema va a continuar",
expresa.
Organismos oficiales
Los llamados ajusticiamientos, o penas de
muerte ejecutadas a manos de policías, no es un
hecho desconocido para las autoridades
judiciales. Lo que ha ocurrido en los últimos años
es la extensión del problema a casi todas las
regiones del país y el aumento significativos
de casos.
La Fiscalía refiere en un trabajo publicado
el pasado mes de marzo en El Universal que hasta
esa fecha se registraron 3.655 denuncias por
casos de homicidios cometidos a manos de policías
y ajusticiamientos en los últimos 5 años.
En estas actuaciones se vieron involucrados
prácticamente todos los estados y sus
respectivas policías estadales, así como el
nacional Cuerpo de Investigaciones Científicas
y Criminalísticas (CICPC) con el mayor número
de casos, la Guardia Nacional, la FAN, Policía
Metropolitana y algunas municipales. Las zonas
con mayor número de denuncias los encabezan el
Area Metropolitana, Anzoátegui, Zulia, Aragua,
Portuguesa, Bolívar, Falcón y Sucre.
Sobre esa situación, la directora de
Protección de los Derechos Fundamentales de la
Fiscalía, informó que para esa fecha (marzo de
2005) el organismo había realizado 7.721
imputaciones a funcionarios de diferentes
organismos de seguridad, tanto por homicidios
como lesiones.
Si bien no todos estos casos pueden
determinarse como ajusticiamientos, la mayoría
apunta hacia ese modo de delito que afecta por
igual a cuerpos regionales, nacionales y
militares.
La Defensoría del Pueblo también registró
numerosas denuncias, exclusivamente, en
ajusticiamientos. Entre el año 2000 y 2004
fueron presentadas ante ese organismo unas 1.200
denuncias, registrándose un incremento
significativo cada año. A esa cifra se les
agregan muertes por torturas, abuso de poder y
desapariciones.
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