GUSTAVO AZOCAR

ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL

La información la suministraron Clara Ocampo de Moros, Ana Contreras de Bermúdez y Yoly Esperanza Contreras de Ramírez, madre, suegra y esposa de los tres jóvenes que desaparecidos desde el 15 de mayo de 2004, luego de haber sido interceptados por una comisión del Cicpc que los detuvo a bordo de un taxi en la entrada de San Cristóbal.

Según la versión aportada por los familiares, Francisco Moros, William Contreras y Carlos Argenis Cañas regresaban de la población de El Nula el sábado 15 de mayo de 2004. Junto a ellos viajaba el sargento de la GN Carlos Luis Rodríguez Eraso, quien les pagó para que le hicieran una "carrerita" desde aquella población apureña hasta San Cristóbal. Los cuatro hombres viajaban a bordo de un vehículo Malibú, placas AP-066284, cuando fueron interceptados por cinco automóviles en los que se encontraba una docena de funcionarios del Cicpc.

Moros, de 26 años; Contreras, de 25 y Cañas, de 24, junto al sargento Rodríguez Eraso, fueron conducidos a la sede del Cicpc en San Cristóbal donde fueron sometidos a intensos interrogatorios, maltratos y vejaciones de todo tipo. El sargento Rodríguez mostró sus credenciales y los policías lo dejaron ir con la condición de que no podía decir nada a nadie. Los otros tres hombres quedaron detenidos.

Desde ese día, cuenta Ana Contreras de Bermúdez, nunca más se supo del paradero de los tres jóvenes. De no haber sido por el testimonio del sargento Rodríguez Eraso, la desaparición de los muchachos habría quedado en el más completo misterio. Por fortuna, Rodríguez Eraso decidió hablar. Le contó a sus superiores lo que había ocurrido, y éstos lo autorizaron para que denunciara los hechos ante las autoridades. Sin embargo, nadie sabe que pasó con los muchachos. Las autoridades los han declarado como desaparecidos, porque no se han encontrado evidencias de que están vivos ni de que están muertos.

El Ministerio Público, a través de la abogada Marelvys Mejías, llevó a cabo la investigación. El testimonio del sargento Carlos Luis Rodríguez Eraso fue tan contundente que el juez octavo de control, Jorge Ochoa Arroyave, dictó el pasado 10 de junio _un año después_ medida de privación de libertad contra los funcionarios del Cicpc Rubén Darío Moreno, César Ramón Muñoz Morales, Deimar E. Bautista Zambrano, José A. Parra Villalta, Luis Emilio Aguilera Alzuru y Richard Alvarado Canache.

Los seis efectivos del Cicpc están siendo juzgados por el delito de "desaparición forzosa de personas". Las autoridades pudieran juzgarlos por homicidio, pero tendrían que conseguir primero la prueba del delito, es decir, los cuerpos de los tres jóvenes taxistas. Los familiares de los tres desaparecidos están solicitando la inmediata intervención del Cicpc Táchira y la destitución de todos aquellos funcionarios incursos en irregularidades.

Amenazas tras extorsión
Héctor González es comerciante. Era propietario de una línea de taxis en San Cristóbal. Se hizo famoso hace varios meses porque gracias a su colaboración fueron apresados in fraganti un fiscal del Ministerio Público y un juez que lo extorsionaban y que pretendían quitarle 5 mil euros y 30 millones de bolívares.

González denunció al director de la Policía del Táchira, coronel Gabriel Oviedo, y a otros uniformados por intento de secuestro.

"Varios hombres, entre ellos algunos policías, intentaron atracarme el 23 de enero de 2004. Yo me defendí y maté a uno de ellos, un joven que, por desgracia, era sobrino del conductor del coronel Oviedo. Ese policía era cabo segundo y su apellido, Cabezas. Oviedo le prometió a su chofer que vengaría la muerte de su sobrino y desde ese día me ha hecho la vida imposible. Me mantuvo detenido durante 4 meses en un calabozo de castigo, a pesar de que yo estaba herido".

Denunció también al comisario Fernando Tarazona, Jefe de la Delegación San Cristóbal de la Dirsop. "Me ha metido preso cinco veces por presunto porte ilícito de armas. Y todo porque yo le vendí una camioneta Grand Blazer en 1999 y él me pagó con una moto robada y un cheque sin fondos por 10 millones de bolívares".

La denuncia de González involucra igualmente al inspector Omar Enrique Chacón. "El está por La Grita, y fue quien me entregó la moto robada. Este señor fue expulsado hace un año, pero luego lo reincorporaron a la Dirsop gracias al comisario Tarazona. Otro de los policías que quería matarme y que me extorsionaba era Jorge Belandria, quien intentó secuestrarme en El Valle. A ese tipo le di dos tiros en una pierna. Lo denuncié en Fiscalía y apareció muerto cinco o seis meses después".

De Mérida vino la muerte
Joseph Alfredo Duque Camargo tenía 15 años de edad. Era estudiante de noveno año en la Escuela Básica Táchira y residía en la urbanización San Francisco, en San Cristóbal.

Gerardo Duque, su hermano, contó que el domingo 8 de mayo, Día de la Madre, Joseph compartía junto con otros amigos cerca de su casa. Aproximadamente a las 4:45 de la tarde, apareció en la urbanización una camioneta Silverado, color verde, placas 246-LAB, en cuyo interior viajaban dos hombres y dos mujeres.

Uno de los hombres empezó a disparar a una pareja de motorizados que se desplazaba por la zona. "El sujeto disparó muchas veces contra los motorizados, pero no pudo darles y se escaparon. Un vecino, que es militar, sacó su arma de reglamento, apuntó al otro hombre que estaba en la camioneta y éste se identificó como miembro del Cicpc".

Duque continúa contando su historia: "El que estaba persiguiendo a los motorizados, al ver que ya no podía darles captura, se volteó hacia donde estábamos los vecinos y nos disparó, pegándole un tiro a mi hermano, quien cayó tendido. Después de matarlo, se marchó como si nada. Los vecinos rodearon la camioneta para impedir que se fueran, pero entonces llegaron varias comisiones del Cicpc y comenzaron a golpear a la gente, amenazando a los presentes y haciendo disparos al aire".

Lady Camargo y Gerardo Duque, padres de Joseph Alfredo, dijeron que "los dos policías no eran de San Cristóbal, sino de Mérida. Parece ser que no estaban de servicio, sino de parranda con unas mujeres. ¿Cómo es posible que dos funcionarios que supuestamente no estaban de servicio, carguen sus armas de reglamento y anden disparando a diestra y siniestra? ¿Por qué ese policía disparó contra Joseph si ya los supuestos ladrones se habían escapado?".

En el calabozo
Pedro Rafael Zambrano, de 42 años, era un trabajador dedicado al transporte de hortalizas y vegetales en el Municipio José María Vargas. Su único defecto, según cuentan sus familiares, era que le gustaba mucho el alcohol.

El lunes 9 de mayo, Zambrano estaba borracho. Los vecinos llamaron a la policía y fue detenido. Veinticuatro horas después, Zambrano apareció muerto en el interior de un calabozo. Según sus familiares, tenía hematomas en todo el cuerpo. El informe del médico forense decía que murió por asfixia mecánica.

Su hermana Florenciana Zambrano, asegura que Pedro Rafael fue asesinado: "Hay testigos que dicen haber escuchado a un policía decir "ese borracho no me dejó dormir y le tuve que dar bastantes patadas para que se quedara tranquilo'. Yo pensé que Pedro había muerto de una borrachera o por un paro respiratorio, pero no, el informe dice asfixia mecánica y eso, en términos médicos y legales hace pensar en otra cosa".

La viuda, Teodora Contreras, sostiene que "su cuerpo tenía síntomas de haber sido maltratado. Probablemente le cayeron a golpes. Además, estaba tras las rejas, borracho, y aún así, lo tenían esposado. Yo creo que a mi esposo me lo mataron".