MIRANDA ONG expresan preocupación por actuación de policía estatal

José Augusto Rondón instó a la Fiscalía a responder múltiples denuncias de atropellos a 75 adolescentes

|1. Más de un centenar de estudiantes de todas las universidades de Bolívar marcharon hasta el Palacio de Justicia de Puerto Ordaz. No fueron atendidos, pero frente a la sede judicial leyeron un documento de exigencia de respeto a la libertad de expresión y al derecho a la vida. | 2. Estudiantes de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, la Universidad de los Andes, la Universidad Católica del Táchi- ra, el Politécnico Santiago Mariño y el Instituto Nacional de la Frontera, realizaron una cadena humana que se extendió por 11 kilómetros. FOTOS SAÚL RONDÓN/ELEONORA DELGADO

El juez Primero de Control de Los Teques, José Augusto Rondón, instó al Ministerio Público a investigar la actuación de los funcionarios de la Policía de Miranda que participaron en la detención de 115 personas, entre ellas 40 menores de edad, el pasado martes 29 de mayo, durante las manifestaciones que se realizaron en San Antonio de Los Altos en protesta por el cierre de RCTV y a favor de la libertad de expresión.

El pasado jueves 31, al conceder libertad condicional a 74 de los 75 adolescentes y adultos que permanecieron recluidos durante 3 días en los calabozos del Iapem, Rondón solicitó la apertura de la investigación en virtud de las múltiples denuncias recibidas por las presuntas violaciones a los derechos de los apresados, específicamente por la manera en que actuaron los uniformados a la hora de detener a las personas que se encontraban protestando.

Consultado sobre el emplazamiento del juez Rondón, el director de la Policía de Miranda, Wilmer Flores Trosel, aseguró que, en caso de comprobarse abuso en la actuación de los efectivos de Iapem mientras intentaban contener a los manifestantes, se castigará a los efectivos incursos en tales actuaciones. "Es posible que se hayan presentado algunos casos de abuso o exceso policial, pero estamos dispuestos a rectificar y a tomar los correctivos necesarios", dijo.

ONG alerta. Lorenzo Labrique resaltó que, además de la evidente represión policial, puesta de manifiesto en la cantidad exagerada de detenciones que se practicaron en el Municipio Los Salias en un solo día; también hubo represión por parte de la Fiscalía General de la República, que ha venido aplicando el artículo 357 del Código Penal (Copp) para criminalizar las manifestaciones, aún cuando éstas son un derecho establecido en la Carta Magna.

María José González, directora de Caritas y de la Oficina de los Derechos Humanos de la Diócesis de Los Teques, rechazó la manera irregular en que se practicaron las detenciones y, muy especialmente, las múltiples violaciones a los derechos de los retenidos. "Se violó su derecho a la defensa al impedirles el ingreso a sus abogados, no se les informó sobre los delitos de que estaban siendo acusados, no se presentaron pruebas sobre su participación en actos violentos y se les dejó incomunicados por más de 36 horas", aseveró.