Empeora el estado de derecho en Venezuela

La radicalización del proceso revolucionario en Venezuela está empeorando la situación general de los derechos humanos en el país, a la vez que continúa incrementando la cifra de detenidos por razones políticas, según un informe de la organización Venezuelan Awareness Foundation (VAF).

La entidad, con sede en Miami, denunció en su informe anual que la práctica de la tortura no se ha eliminado, y que ``persisten aún lugares clandestinos para practicar la tortura''.

Asimismo, VAF reportó que el número de presos políticos, que al cierre del 2006 totalizaban 23, ahora se incrementó a 32, la mayoría de ellos funcionarios policiales y militares disidentes.

''Estamos sumamente preocupados y consternados por el avence de estas prácticas violatorias de los principios de integridad personal y emocional de las personas sometidas a reclusión por el estado venezolano, por razones políticas'', indicó Patricia Andrade, la presidenta de la organización.

El gobierno venezolano ha negado repetidas veces que practica la tortura, y ha denunciado una campaña ''mediática'' nacional e internacional para desacreditar al gobierno de Hugo Chávez con estas acusaciones.

El reporte de la organización de Miami coincide con denuncias sobre una ''política sistemática de violación de derechos humanos'' emitidas el viernes por el Foro Penal Venezolano, una organización independiente que sigue de cerca el desempeño de la justicia en Venezuela.

''No tenemos una Defensoría del Pueblo a donde acudir, y el Ministerio Público ha dado muestras claras de politización'', expresó Mónica Fernández, una representante del Foro Penal.

Andrade llamó la atención sobre el grave caso de Raúl Díaz Peña, que permanece detenido ilegalmente en la sede de la DISIP --la policía política del régimen-- bajo riesgo de peligro de muerte por su estado de salud.

''Insistimos le sea otorgada la libertad por medidas sustitutivas de la cual es merecedor de acuerdo con la ley, y que se le ha negado en todas las intancias por ser un juicio político'', indicó la activista venezolano-americana.

Díaz Peña lleva dos años detenido sin juicio, a pesar de que hace más de un año que tiene una medida cautelar a su favor emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El informe de VAF presentó el caso del capitán Luis Figueroa, quien sufrió ''cruentas torturas'' en un lugar alejado del centro de reclusión donde se encontraba, cuando lo interrogaban sobre la fuga del dirigente de oposición Carlos Ortega del centro de detención militar de Ramo Verde.

Figueroa estaba en la prisión militar cuando se produjo la evasión, el 15 de agosto del 2006, aunque según sus familiares no actuó como cómplice de la fuga.

El escrito indicó que también se han registrado torturas físicas y psicológicas en la sede de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), en el norte de Caracas.

Los reportes de torturas coincidieron con declaraciones esta semana del ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, de que militares venezolanos torturaron hasta la muerte, en una base militar en el estado Zulia, a dos oficiales de inteligencia colombianos que habían infiltrado las FARC.

Sin embargo, VAF admitió en el reporte que los presos políticos detenidos en la sede de la DISIP en Caracas, ''son tratados con respeto por sus carceleros y existen condiciones medianamente respetables de reclusión''. Pero advirtió que con frecuencia detenidos que precisan atención médica deben esperar un tiempo excesivo para recibir los tratamientos.

Entre el grupo de detenidos por razones políticas se encuentran tres generales, un coronel, un teniente coronel, cuatro capitanes, un mayor, 11 funcionarios policiales y 10 civiles, precisa el reporte de la organización.

''La tentación totalitaria avanza'', expresó el analista y ensayista político Carlos Raúl Hernández al señalar elementos confirmatorios como ``la anulación de la Asamblea Nacional, la subsunción del Poder Judicial, el control del aparato electoral y los poderes de la Ley Habilitante''.

No obstante, Hernández aclaró que no podría afirmarse taxativamente que en Venezuela existe un ''régimen policial'' o ``represión indiscriminada''.

El informe de VAF denunció, además, las siguientes situaciones que constituyen una violación de los derechos humanos en Venezuela:

• Actos de hostigamiento hacia familiares de los presos políticos.

• Profundización de la politización del Poder Judicial.

• Revisiones humillantes a los familiares de los presos políticos que los visitan.

• Reclusión ilegal de ciudadanos en custodia por el estado venezolano.

• Práctica de persecución y vigilancia a través de búsqueda por procesos de intercepción electrónica y grabaciones ilegales.