Los venezolanos están en libertad provisional.
 
Carta de un preso político venezolano.
 
 
 
Soy venezolano, casado con 3 hijos, investigador criminal de profesión, egresado de la academia de la Policía Técnica Judicial (PTJ) hoy CICPC.  En este cuerpo de investigación especializado laboré durante 23 años; recibí diferentes reconocimientos nacionales e internacionales. En la PTJ alcancé la jerarquía la de Comisario Jefe, puesto al que ascendí en 20 años de servicio por méritos extraordinarios.
 
Ahora estoy preso.
 
En el año 2000, cuando ocupaba el cargo de Jefe de la División de Operaciones de la PTJ recibí comunicación donde, por instrucciones del entonces Ministro de Interior y Justicia, Luis Alfonso Dávila, se me encomendaba en comisión de servicio a partir de enero de ese año, el cargo de Secretario de Seguridad. Mi  responsabilidad: coordinar las actividades de seguridad pública a través de los Bomberos, Policía Metropolitana y Defensa Civil del área metropolitana así como de  las 4 policías municipales.
 
La efervescencia política y la polarización del país crecían vertiginosamente.
 
La calle se convirtió en un escenario de expresión ciudadana marcada por manifestaciones, incluso coincidentes, de contrarios políticos.
 
Para el 11 de abril de 2002 ocupaba aún este cargo, y como parte de las responsabilidades elaborábamos las estadísticas relacionadas con las actividades propias de los organismos antes mencionados. Las cifras entonces reflejaban que entre el año 2000 y 2001 se incrementaron en un 64.4% las manifestaciones violentas y pacíficas. Para el año 2002 entre enero y abril un 14.9%, lo significativo de estos datos es que durante este lapso NO hubo ninguna persona fallecida ni herida mortalmente por arma de fuego en estas manifestaciones.
 
Es en este conflictivo escenario como llegamos al 11 de abril de 2002  con los resultados que la opinión pública conoce y que  este gobierno pretende, a través de una formidable campaña propagandística, convertirlo en una gesta épica de adhesión al régimen en lugar de lo que realmente fue y quedó registrado en innumerables testimonios. La verdad es que ese episodio dejó un saldo de 19 personas asesinadas y más de 100 personas heridas.  A lo largo de los  5 años transcurridos,  la Fiscalía General de la República ha llevado a cabo una investigación marcada por un inocultable sesgo que se esmera en ocultar los datos fundamentales de la investigación y por contrapartida, resalta con intención política totalmente ajena al “deber ser” de la institución,  sólo parte de lo que sucedió ese día. Demostración de ello es que hay efectivos de la Guardia Nacional, oficiales y personal de tropa debidamente identificados, nominalmente imputados por participar en varios homicidios y lesiones ese día 11-A y que están siendo juzgados en libertad evidenciando una vez más un trato desigual y discriminatorio por parte de la "justicia" revolucionaria.
 
El 22 de noviembre de 2004 soy hecho preso. Se produce mi detención de manera ilegal, sin que existiera previamente una orden de aprehensión, sin que jamás me hubiesen citado de la Fiscalía General  de la República, sin que tampoco existiera una orden de prohibición de salida del país. Sepan los lectores de esta nota que tales procedimientos fueron hechos en clara violación al artículo 49 ordinales 2 y 3 de la Constitución Nacional.
 
Por otro lado tampoco me fueron leídos mis derechos lo cual es una violación al Art. 125 y 126 del Código Orgánico Procesal Penal. Se me condujo bajo coacción hasta la sede de la Disip en Caracas donde permanezco desde hace 2 años y 5 meses, es decir, 29 meses. Esta detención fue ordenada por el entonces Juez 34 de Control Maikel Moreno, quien debió inhibirse tal y como lo estipula  el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), por cuanto había actuado como abogado defensor de Richard Peñalver, uno de los llamados Pistoleros de Puente  Llaguno y actualmente suspendido por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
 
Todas estas irregularidades han sido denunciadas ante las instancias jurisdiccionales correspondientes, Corte de Apelaciones, Dirección Ejecutiva de la Magistratura  y Tribunal Supremo de Justicia y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.
 
Han sido  ejercidos más de 17 recursos todos los cuales 15 han sido declarados sin lugar..  Estamos sin duda ante el juicio más  ignominioso, degradante, humillante, infamante y vergonzoso que haya tenido lugar en Venezuela en los últimos 100 años, donde se me han violado sistemáticamente los más elementales principios constitucionales y legales, violentando mi dignidad humana y el respeto a mis derechos humanos
 
Hemos escuchado a más de 130  testigos y 44 expertos, visto más de 5700 fotos y videos que nada aportan respecto a mi supuesta culpabilidad. Ninguno de estos testigos ni expertos me ha señalado como  responsable. Las pruebas técnicas, paradójicamente, me exculpan. Ha sido un juicio de fotos.
 
Y yo sigo preso
 
Sin embargo, a pesar de lo anterior, se me negó el juzgamiento en libertad, a diferencia de lo ocurrido con los imputados de presumiblemente dar muerte a Tortoza, a quienes se les dio la libertad apenas a las 48 horas después de haberse entregado a la justicias, pese a haber estado huyendo durante más de dos años. Para engrosar el rosario de arbitrariedades, esa libertad les fue concedida  por el mismo juez que negó la mía. “Valga la aclaratoria que estos  imputados son afectos al oficialismo”
 
Luego de 2 años y 5 meses privado de forma ilegítima de mi libertad  y en más de 120 audiencias celebradas en un año de juicio la conclusión de la actuaciones de la Fiscalía General de la República es vergonzosa en un país donde cada hora mueren 2 personas, donde se registran 12.000 homicidios por año, desaparecen billones de bolívares en robo y hurto de vehículos, un país donde el secuestro se ha incrementado en más de 400%, esta institución, pilar fundamental y garante de la legalidad del Estado, ha dedicado su esfuerzo y  la mayor parte del tiempo, a perseguir, en un ambiente de "justicia penal" ineficiente, como un órgano genuflexo del gobierno que abusa y subyuga a todo el que el régimen señala.
 
En este  manejo discrecional de la justicia, las normas son interpretadas de manera utilitaria, acomodaticia, extensiva o restrictiva, de acuerdo a la necesidad del régimen. Este es un gobierno que usa el aparato estatal con un propósito: sembrar terror.
 
Lamentablemente estas declaraciones debo hacerlas a través de mi esposa pues, aunque he formulado mas de 11 solicitudes para que me fuera concedida una entrevista con los medios de comunicación social, la juez que lleva mi juicio no lo ha acordado y mas grave aún, el Presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, Juan Luis Ibarra lo impidió. Es decir no sólo se me ha cercenado mi libertad, sino también mi derecho constitucional a expresarme según lo pautado en el Art. 57 de la Constitución Nacional. Ello sin contar que tales actuaciones son demostración contundente de la discrecionalidad de los funcionarios y no de la verticalidad de la ley.
 
Así se resume el resultado de 120 audiencias, en casi 14 meses de juicio. Las cifras hablan por si mismas.   
 
Detenidos desde 2002, se ordenó nuestro juicio en mayo del 2005 iniciándose 10 meses después, y  en todo este tiempo, en 14 meses,  ninguno de los supuestos y acusaciones formuladas por la fiscalía han podido demostrar participación alguna en los trágicos sucesos del 11-A.
 
La justicia no ha marcado su paso. La injusticia si.
 
Esa ausencia de justicia ha marcado en la vida de mi familia estos largos, tortuosos y tristes casi 30 meses de aislamiento. Tres navidades separados, con casi nada que celebrar, consolándonos con el abrazo lleno de ilusiones y esperanzas, separado de mis hijos a quienes he visto crecer a la distancia de las paredes en las que estoy encerrado. En estos  30 meses mis hijos han tenido que madurar antes de tiempo, mi esposa ha tenido que cubrir mi ausencia en el hogar y no ha dejado de ser compañera luchadora por mi causa, y en ese proceso casi muere en la carretera de regreso desde una de las 120 audiencias  en Maracay luego de un volcamiento. Nuestra casa ha sido objeto de varios atentados: desde robos sin que sobre ellos hubiera un seguimiento policial aunque fuera por mantener las formas, hasta una serie de ataques, el último de ellos una bomba molotov lanzada por unos cobardes al amparo de la oscuridad de la noche mientras mi familia descansaba. Tampoco sobre ello se prosiguió investigación alguna.
 
En estos 30 meses de reclusión, tuve que ver con estupor cómo representantes de organización que agrupa a las víctimas mal llamadas oficialistas en perversa diferenciació n,  hicieron circular información donde no daban importancia alguna a este terrible atentado a mi hogar y los míos, y por el contrario, una vez más me difamaron.  A ellos, sólo tengo dos cosas que decirles: la primera, que asistan al juicio en Maracay y vean con sus propios ojos lo que allí sucede. No se dejen engañar, llenen la sala de audiencia y vean cómo la muerte de sus seres queridos es utilizada, burlada, mancillada con tal de obtener lo que los abogados acusadores desean. La segunda: si buscan la verdad deben preguntarse ¿Dónde están las pruebas? No las palabras manipuladas al antojo de algunos, sino las pruebas concretas, especificas científicas de lo que realmente pasó.
 
En estos 30 meses de reclusión también perdí a un amigo, sin oportunidad de despedirme de él: Carlos Bastidas Espinoza. Mi amigo, mi abogado, mi asesor. Carlos fue un incansable defensor de muchos otros presos políticos, un hombre lleno de bondad y ferviente defensor de la justicia. Nunca podré olvidar cómo jamás dejó de darme aliento, hasta aquel 19 de Diciembre de 2007, cuando en una nueva decisión absolutamente contraria al derecho, se me negó la posibilidad de que me fuera otorgada la libertad, lo cual seguramente aceleró su prematura e injusta muerte. Esta situación de denegación de justicia por parte de la juez,  es el paradigma de la más grotesca y escandalosa violación del debido proceso que suma otra mas, a las injusticias a las que he sido sometido. La juez ignoró deliberadamente todas las sentencias de la sala constitucional del TSJ que imponían darme la libertad una vez transcurridos 2 años desde mi detención y sin que se hubiese producido una sentencia firme, la juez mutiló la jurisprudencia, al omitir tomar en cuenta lo que nos daba la razón.
 
Finalmente, quiero decirle a todos que así como la mía, existen otras  11 familias, sólo contando las de las personas involucradas en este juicio, sin mencionar las de  los otros presos políticos de este gobierno, que sufren igualmente una historia llena de dolores, separación e injusticia. Todas, afectadas por las decisiones de un gobierno movido por el odio, el resentimiento y la insensatez.
 
 La Fiscalía General de la República, órgano del poder ciudadano según dice el texto legal, ignora a conveniencia lo que pauta la ley, convirtiendo a cualquiera que se le antoje o le importune,  en un “transgresor”. Para lograrlo no escatima ningún recurso: desde la manipulación a la mentira, desde las medias verdades hasta la propaganda. Es así como cualquier ciudadano es convertido en criminal ante la opinión pública y la población en general. Todo ello, sin posibilidad alguna de defensa.
 
Por eso advierto a todos los venezolanos, con la autoridad moral  de ser victima y testigo de lo que ocurre en el país:  están en libertad condicional.
 
Sólo basta que usted sea señalado por el gobierno para que el largo y servil  brazo  de la Fiscalía haga lo suyo. No hay profesión, oficio, ocupación ni afiliación que quede a salvo.
 
Es difícil creer en la justicia y en la equidad en este país. Con toda honestidad, no existe ahora en esta Venezuela el venezolano que tenga garantía de una justicia imparcial.
 
 
 
Ivan Simonovis
 
El Helicoide, Caracas.
 
Mayo 2007.