José Gregorio Martínez/La Verdad

 

La audiencia preliminar del comisario José Sánchez ”Mazuco”, que se inició el 22 de enero y se suspendió el 14 de febrero por solicitud de reposo de la jueza Fabiola Gerdel cuando sólo le faltaba anunciar la decisión de pasarlo a juicio o dejarlo en libertad, tendrá que empezar nuevamente desde cero, en vista de que la titular del tribunal 19no. de Control del Área Metropolitana de Caracas fue cambiada por cuarta vez.
Fuentes judiciales informaron que es ahora Reina Morandy Mijares, quien se desempeñaba como defensora del Pueblo del Área Metropolitana de Caracas, quien sustituye a Fabiola Gerdel luego de que ésta fuera designada como titular del tribunal 5to. de Control al reincorporarse a sus funciones, tras dos meses de reposo médico. Cabe destacar que la rotación general de jueces que se realiza una vez al año no se ha efectuado aún en este circuito.

Reina Morandy Mijares es hermana de Miriam del Valle Morandy Mijares, magistrada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual se decidió la radicación del caso de ”Mazuco” a Caracas al ser aprobada la ponencia de su presidenta Deyanira Nieves.

Retardo por cambio de juez

La primera jueza en conocer la causa fue Aura Alemán, quien se inhibió. Posteriormente fue designada Fabiola Gerdel, y por reposo médico fue sustituida temporalmente por Ángela Carrillo, quien era la titular del juzgado 17mo. de Control. Carrillo se encargó del Tribunal 19no. de Control, excepto del expediente del comisario ”Mazuco”. Reina Morandy Mijares es la cuarta jueza en asumir este despacho en siete meses. Su nombramiento como titular implica el reinicio de las audiencias que en las que las partes hayan presentado sus alegatos.

El abogado penalista Guillermo Heredia explicó que según el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), en estos casos se maneja la figura de ”fijación de una nueva oportunidad”, en vista de que el juez que conoce los alegatos es el que decide. ”Se manejan dos principios, el de continuidad y el de concentración, y aquí se impone el principio de concentración, ya que el juez necesita iniciar nuevamente la audiencia para conocer los alegatos de las partes”.

José Sánchez ”Mazuco” es acusado de presunta complicidad necesaria en el delito de homicidio intencional contra Claudio Macías, asesinado el 8 de agosto del año pasado en el retén El Marite; además de los delitos de privación ilegítima de libertad con circunstancias alevosas y quebrantamiento de convenios y tratados internacionales.

Sin precedentes

El ex secretario de Defensa y Seguridad Ciudadana cumple hoy siete meses de prisión sin que se le haya iniciado aún un juicio y ahora con una audiencia preliminar que vuelve a su fase inicial. ”Mazuco” fue arrestado el 15 de septiembre del año pasado en su oficina mientras conversaba con su abogado Jesús Inciarte, tras un operativo sin precedentes en la región, en el que desplegaron cerca de 200 funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, entre Guardia Nacional y Polimaracaibo, habilitaron helicópteros, acordonaron el centro de la ciudad y tomaron el aeropuerto, el puente Sobre el Lago y todas los accesos a capital zuliana, pese a que ya él se había presentado en tres oportunidades en la Fiscalía y el equipo de abogados había garantizado que no había peligro de fuga.

Para la fecha había receso judicial y sólo estaban habilitados en el Zulia los tribunales 1ero., 2do., 3ro., 7mo., 8vo., y 9no., según precisó en ese entonces Inciarte; sin embargo, fue José Vicente Faría, juez 4to. de Control, quien se encontraba de vacaciones, el encargado de dictar la orden de captura.

”Mazuco” lleva más de seis meses en el Centro de Procesados Militares de Ramo Verde, en Los Teques, estado Miranda, tras la radicación del juicio a Caracas. Los primeros 22 días de arresto los vivió en el Cuartel Libertador, hasta que el caso fue radicado a la capital.

Isabel Hernández, abogada defensora, señaló que esta es otra irregularidad en vista de que no se había producido ninguna acusación y no es posible sacar un caso de su escenario natural mientras no haya una acusación.

El proceso

Fue el 22 de enero de este año cuando luego de tres diferimientos se inició la audiencia preliminar, la cual se paralizó el 14 de febrero, cuando solo faltaba que Fabiola Gerdel tomara la decisión de dejarlo en libertad o pasarlo a juicio, luego de haber escuchados los alegatos del Ministerio Público y la defensa.

La razón de la suspensión fue la indisponibilidad de la jueza que por cuestiones de salud solicitó un reposo por 15 días, el cual fue renovado en cuatro oportunidades.

Hernández recordó que según el artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal (COOP) una audiencia preliminar se puede efectuar en un lapso no menor a 10 días y no mayor de 20, por lo que se incurrió en una violación de la ley.

La detención

A las 10.45 de la noche del sábado 15 de septiembre de 2007 fue aprehendido, cuando estaba en su oficina en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Gobernación del estado, el comisario José Sánchez, conocido como ”Mazuco”. Estaba señalado como sospechoso de la muerte del presunto funcionario de la Dirección de Inteligencia Militar del Ejército (DIM), Claudio Masías, alias ”Chicho Cabeza”. Esa misma noche fue trasladado a un reducido cuarto del Cuartel El Libertador, cuyas adyacencias se llenaron de cientos de personas que lo apoyaron desde el principio del proceso.

”Denunciamos un plan criminal y morboso montado contra el Zulia y sus instituciones democráticas. Los zulianos lo enfrentaremos como en otras oportunidades lo hemos hecho (…). Representantes del Gobierno, como José Vicente Rangel y diputados zulianos de la Asamblea Nacional, andan detrás de los negocios en la región. Esto es un plan diseñado para cumplir una estrategia política”, fue la reacción inmediata de Nelson Carrasquero, secretario de Asuntos Políticos, poco después de la detención de González.

José González fue imputado por los delitos de homicidio intencional calificado en grado de complicidad, privación ilegítima de libertad y quebrantamiento de convenciones y tratados internacionales por la muerte de Claudio Masías, asesinado en el retén El Marite el 8 de agosto.

Para ese entonces, la aprehensión del comisario fue calificada como un show mediático que buscaba desestabilizar el piso político del Gobierno regional. Se militarizaron todas las entradas y salidas de Zulia, desde la cabecera del puente hasta el aeropuerto, para evitar un posible escape de ”Mazuco”.

El comisario José Sánchez afirmó, a través de la voz de su representante legal, Jesús Inciarte, que se sentía como un preso político más del régimen del Gobierno. Su traslado al Cuartel Libertador violó sus derechos constitucionales a ser juzgado el libertad hasta tanto no se demuestre su culpabilidad. A juicio de su abogado, los elementos plasmados en el expediente son insuficientes para privar de libertad a cualquier enjuiciado.

Carrasquero repudió el despliegue policial, judicial, militar y los diputados zulianos en la Asamblea Nacional, quienes más que contribuir en el esclarecimiento de los hechos, han asumido una posición prepotente de coacción a la justicia. A su criterio, la politización del juicio desvió su curso de toda legalidad.

”Chicho Cabeza”

La mañana del 8 de agosto de 2007, funcionarios del Ejército, conjuntamente con la Fiscalía 45ta. del Estado Zulia, a cargo de Lucy Fernández y los fiscales nacionales 34to. 49no., Néstor Castellano y Carlos García, respectivamente, y un equipo multidisciplinario de la Brigada contra Homicidios de la Policía científica hicieron el levantamiento del cadáver de Claudio Masías, alias ”Chicho Cabeza”, en el pabellón B del retén El Marite. El cuerpo fue encontrado con una sábana alrededor del cuello, por lo que se presumía un suicidio.

Los familiares de la víctima desmintieron la posibilidad de que atentara contra su vida y aseguraron que el responsable de la muerte de su allegado era el comisario José Sánchez. No sustanciaron las afirmaciones. Las pruebas criminalísticas determinaron que se trataba de un homicidio. Jhonny Márquez, entonces comisario de la Policía científica, informó que ”Chicho Cabeza” no sólo fue ahorcado, sino también salvajemente golpeado y asfixiado por más de dos personas. Márquez aseguró que Masías tenía antecedentes por extorsión, cobro de vacunas y secuestro. Las credenciales que lo acreditaban como funcionario de Inteligencia Militar, eran verdaderas y vigentes.