Política
Presuntos paramilitares afirman haber sido torturados en la Disip
“Con
palos, garrotes, bolsa con gas y electricidad” denunció
haber sido torturado en la sede de la Dirección de
Inteligencia y Prevención Policial (Disip), el
colombiano José Ayala Amado, luego de que fuera
capturado en las cercanías de la finca Daktari, en el
Hatillo, el 9 de mayo de 2004.
Ayala pertenece al grupo de 16 ciudadanos colombianos
que aceptaron declarar a cambio de beneficios procesales,
como informantes arrepentidos, en el juicio que sigue el
Tribunal Militar 1º de Juicio por el caso de los
presuntos paramilitares.
El testigo dijo tener más de 20 cicatrices que
demuestran los maltratos y asegura que su condición era
evidente, tanto para el fiscal militar de entonces,
coronel Eladio Aponte Aponte, como para los demás
funcionarios del Ministerio Público Militar y el
defensor público, teniente Jaime Marcano Querales.
Incluso afirmó que no le permitieron visitas médicas y
que el cónsul de Colombia le habría dicho: “Si usted
no tiene a quien quejarse, mucho menos yo.
Aguántese hermano”.
Los abogados de la defensa manifestaron su malestar
frente a la ausencia de una investigación por parte de
la fiscalía. Alonso Medina Roa, defensor de algunos de
los oficiales venezolanos imputados, solicitó se oficie
a la Fiscalía Militar y a la Fiscalía General de la
República, para que se solicite información sobre el
caso y se refieran las actas sobre lo que consideró la
“conducta aberrante de ciertos efectivos” y una
violación a los derechos humanos.
Ayala, quien dijo ser reservista colombiano, indicó que
al momento de su captura estaba armado con una pistola 9
milímetros que en un principio se negó a entregar a
los funcionarios de la Disip, pues temía ser asesinado.
Su labor en la finca era encargarse de uno de los dos
grupos en los que estaban divididos los presuntos
paramilitares.
José Feliciano Yépez Álvarez, el último de los
informantes arrepentidos, encargado de cocinar en la
finca, también refirió que en la Disip lo
“levantaron a patadas” y le fracturaron tres
costillas. Yépez, quien ha sido señalado por la
presunta comisión de un homicidio en la finca, no le
dijo a nadie sobre los maltratos.
El colombiano se acogió al “precepto constitucional”
y no negó ni confirmó haber cometido delito alguno, ni
haber degollado a un venezolano, ni si Robert Alonso –propietario
de la finca– ordenó matar a alguien. |
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