Fiscal chileno confirma que Diosdado Cabello habría ordenado y pagado por el asesinato del militar Venezolano, Ronald Ojeda, en Chile
Miami 09/20/2026 El fiscal chileno Héctor Barros confirmó que la investigación sobre el secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Chile de forma directa a Diosdado Cabello, uno de los hombres clave del régimen de Nicolás Maduro. Según el investigador, existen evidencias, testimonios y chats de WhatsApp que demuestran que Cabello negoció la contratación de la banda criminal Tren de Aragua para ejecutar el crimen en territorio chileno.
La pesquisa sitúa el origen de la operación internacional en diciembre de 2023, cuando un grupo de opositores y exmilitares venezolanos se reunió en Cúcuta. La contrainteligencia venezolana interceptó la cita mediante infiltrados y se alió con el ELN y el Tren de Aragua para perseguir a los involucrados. Mientras otros dirigentes fueron capturados en Colombia, Ronald Ojeda logró escapar hacia Chile, donde se estableció como asilado político.
Dos meses después, en febrero de 2024, se concretó el asesinato en Santiago. El fiscal Barros explicó que la orden directa la dio Cabello y que el pago acordado con la cúpula del Tren de Aragua incluyó un adelanto al iniciar el trabajo y un saldo posterior. Para ocultar el crimen, los ejecutores enterraron el cuerpo dentro de una maleta, bajo cal y cubierto por una losa de cemento. Días después de la desaparición, los mandos del grupo criminal regañaron en videoconferencia a los autores materiales y les ordenaron huir del país debido al impacto público del caso.
Barros calificó lo ocurrido como un delito político coordinado mediante una alianza público-criminal, donde un Estado extranjero utilizó una red transnacional como brazo armado para operar ilegalmente en otra jurisdicción. Pese a que las indagatorias abren la puerta a responsabilidades formales en la justicia chilena y a solicitudes de cooperación a Estados Unidos, el persecutor admitió que la Constitución venezolana prohíbe la extradición de sus ciudadanos, lo que convierte cualquier orden de detención contra Cabello en una medida inaplicable a corto plazo en Venezuela.
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